Lluvia de denuncias por $Libra: mas de cien damnificados acudieron a la justicia contra Milei y la causa quedó en manos de Servini

Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei escaló hasta decantar en una fuerte polémica, que el oficialismo nacional intenta minimizar ignorando el ordenamiento jurídico argentino.

La fallida promoción del token $LIBRA por parte del presidente de la Nación, dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones, generó ya más de un centenar de presentaciones en la Justicia Federal. Según confirmaron fuentes judiciales hasta el mediodía del domingo había 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás.

"De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias" explicaron. Una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue realizada un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

De acuerdo a las fuentes, más allá del debate que se producirá mañana sobre quién debe tomar el caso, esta presentación deberá ser la que tenga preponderancia a la hora de agrupar las denuncias para determinar si el Presidente incurrió o no en algún delito.

La denuncia realizada de forma presencial quedó bajo responsabilidad del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 7 a cardo de Sebastian Casanello, en la secretaria N° 13 del doctor Martin Smietniansky. La Justicia, ahora, deberá evaluar si Javier Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente.

El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, expresó para desvincularse de una posible estafa.

Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño". De forma amenazante y violenta cerró su publicación expresando "les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

¿Qué dice la ley?

Muchos son los profesionales legistas que encuentran en el ordenamiento juridico argumentos en defensa de la libertad de opinión de cualquier ciudadano, sin tomar en cuenta que el Presidente de la Nación es el Jefe de Estado, quien cumple el rol principal en la Nación. Pero el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una ví­a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos".

“La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei y su promoción de la criptomoneda $LIBRA ha reavivado el debate sobre los lí­mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí­picos de una figura penal", sostuvo.

¿Por qué denuncian al presidente?

Una de las denuncias es la que presentó el ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires Agustín Rombolá por presunta “estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros”, según publicó en su cuenta de X. Además, adelantó que están confeccionando una acción de clase para defender los ahorros de la gente.

Otra de las denuncias penales fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, María Eva Koutsovitis, ingeniera fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y Claudio Lozano, economista presidente de Unidad Popular.

Los denunciantes afirmaron que “Milei formó parte de una Asociación Ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda $LIBRA que afectó en simultáneo a más de 40 mil personas con pérdida de más de 4 mil millones de dólares”.

Otra de las presentaciones las realizó el abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina en alguna de las causas que enfrenta a la expresidenta Cristina Kirchner. La particularidad de esta denuncia es que no solo alcanza a Javier Milei, sino también a otros integrantes del Poder Ejecutivo como Karina Milei y Manuel Adorni; al director de la Fundación Faro, Agustín Laje, y al coordinador de esa organización, Francisco Caputo (hermano de Santiago Caputo, asesor presidencial). La demanda también alcanza a Mauricio Novelli, empresario y asesor del Presidente; a Julian Peh, empresario, fundador y dueño de la compañía Kip Protocol y Hayden Davis, empresario, fundador y dueño de la compañía Kelsier Ventures.

La causa quedó en manos de la Jueza Servini

La Cámara Federal sorteó la primera denuncia contra el presidente Javier Milei por el caso de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA y le tocó a la jueza María Romilda Servini. El fiscal será Eduardo Taiano. La denuncia sorteada la presentaron el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, y otros dirigentes que acusaron a Milei de haber integrado una “asociación ilícita” que cometió una “megaestafa” al afectar en simultáneo “a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares”.

Por disposición de la Cámara, el sorteo se hizo con un bolillero manual. El objetivo era evitar cualquier suspicacia. En el tribunal creen que el bolillero tradicional se presta menos a sospechas maliciosas que el método de sorteo electrónico que la Cámara usa desde hace años. Los jueces cuyos números de juzgado estaban en el bolillero eran, además de Servini, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo.