El Gobierno Nacional recortó cerca del 80% el presupuesto para la Iglesia Católica

Una de las medidas de recorte más esperadas por movimientos sociales y espirituales. Queda atrás un paradigma de estado vetusto para da paso a una forma diferente del manejo de los fondos públicos. Gracias a un decreto firmado y promulgado por el último gobierno de facto, de las arcas del estado nacional, salían suculentos fondos que servían para el sostenimiento de la Institución Católica Apostólica Romana.

Durante 2024, el Gobierno Nacional en manos de Javier Milei, recortó un 79% los fondos destinados a la Iglesia Católica y se suma a un marco de ajuste generalizado en las cuentas públicas.

Cabe destacar que el año pasado se gastaron $132,3 millones en el programa "Registro y Sostenimiento de Culto" comparado con los $194,4 millones en 2023. Por lo tanto, representa una caída del 32% en valor nominal y 79% en valor real.

Hay que tener en cuenta que en 2018, la Iglesia renunció a la asignación mensual que percibían los arzobispos y obispos y se fue concretando a medida que el monto se actualizaba por inflación. Desde diciembre de 2023, los arzobispos y obispos dejaron de recibir una asignación mensual de $55.000, prevista en la ley 21.950, norma que data de la dictadura militar. Fue iniciativa de la Iglesia renunciar a este complemento en 2018 luego de las fuertes críticas realizadas desde los movimientos de derechos humamos y feministas. 

Asimismo, desde el Palacio de Hacienda se informó que los fondos, denominados "Asistencia Financiera al Culto Católico", fueron destinados a 143 arzobispos y obispos, 600 sacerdotes y 1.000 seminaristas.

Otra forma de aporte son las transferencias para comedores y puntos de entrega de alimentos. Por caso, el Ministerio de Capital Humano otorgó a Cáritas más de $3.661 millones mensuales con ese fin en el último año debido al aumento considerable de pobres bajo el mandato de Javier Milei.

Los Estados provinciales también realizan aportes a la Iglesia a través de subvenciones a instituciones educativas de gestión privada. Escuelas en las que además de enseñar el currículo obligatorio, incorporan contenidos de sus doctrinas éticas y sociales.