Infierno Porá | ¡Devuelvan a Loan!

General28/07/2024 Por Maxi Ro
loan
Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y Loan Peña, desaparecido

El gravísimo estado de indefensión que tienen los argentinos aterra a todos. En la TV el infierno correntino abre sus fauces y muestra el horror de la impunidad en el poder. Loan desnudaría redes de criminalidad organizadas, donde se funden autoridades políticas y peligrosas bandas. El caso policial litoraleño conmueve al país, y lentamente expone los vínculos entre gobiernos y mafias, un flagelo que avanza en todo el territorio nacional. ¿Y la provincia de Salta?

En el último mes y medio el caso policial de Loan Peña (5), desparecido y/o secuestrado en la provincia de Corrientes, se sostiene en el interés público y la audiencia nacional. La inocencia del pequeño y el contexto social de pobreza y vulnerabilidad conmueve a los argentinos, quienes ven en esta tragedia a sus propias familias y seres queridos. Lo que cada uno vislumbra con el correr de los días es que nadie puede sentirse seguro en un país tan corrompido.

Esto es lo que comienza a descubrir la Justicia Federal con sede en Goya, aunque aún no se sepa la suerte final de pequeño. Sí se pudo reconstruir que el senador provincial Diego Pellegrini (UCR), el asesor provincial Agustín Ibarra y el abogado José Fernández Codazzi, fueron quienes armaron y plantaron una falsa denuncia en torno a la desaparición del chico (hipótesis del accidente vial), que luego fuera avalada vía redes sociales por el propio gobernador Gustavo Valdés (UCR).

Para muchos correntinos él mismo sería parte de esta grave maniobra de interferencia judicial, cuando no el autor intelectual de la misma. Por lo menos es inocultable que estas tres personas involucradas en torno a la falsa denuncia, son el núcleo íntimo del mandatario provincial, y que la falsa denuncia tendió a desviar la atención en torno al secuestro y una posible red de trata de personas. Una acción que en el mundo del hampa podría ser considerada por lo menos sospechosa. Solo para ocultar la verdad se planta una mentira. Eso indica el sentido común.

Esto torna muy alarmante la defensa pública que hizo recientemente de Valdés, Patricia Bullrich. Solo por casualidad vale señalar que el mandatario oriental la acompañó en sus boletas electorales en 2023. La ministra de seguridad apoyó incondicionalmente al gobernador al ser imputado por un fiscal federal de Comodoro Py. No parece cauto ni moral la defensa del poder por interés político, por sobre la vida de un niño. A cambio de Loan no importa si Valdés firmó el pacto de mayo o apoyó su candidatura a la presidencia. Bullrich defendió al gobernador sospechado, luego de saber sobre la interferencia, la falsa denuncia, y ante información confirmada por medios oficiales de la justicia argentina.

Por ahora se procesan estos hechos (secuestro de celulares y allanamiento al abogado amigo del gobernador), mientras se profundiza la investigación en torno a la desaparición del niño. El problema es la demora en el resultado de las pericias -en manos de las patricias fuerzas federales- y cierta falta de cooperación en el territorio, según denuncian las partes.

Las luces de alarma se encendieron aún más fuerte cuando se descubrió esta semana que el teléfono de Carlos Pérez, Capitán de navío (R), sufrió el borrado de mensajes cuando ya se encontraba detenido y el aparato secuestrado bajo custodia de la Provincia de Corrientes. Los mensajes borrados, son del día de la desaparición del niño y del día posterior. Ahora la Justicia Federal trata de recuperarlos, pero es válido sospechar que el feudal poder correntino busca ocultar la verdad a cualquier precio, y sobre todo por qué lo hace.

Pocos saben que la jueza federal a cargo de la investigación en las últimas dos semanas, tiene experiencia en la persecución de estos delitos complejos. Hasta el momento la magistrada federal ya desbarató dos redes de trata de personas en Corrientes, pese a que el gobierno provincial niega abiertamente la existencia de secuestros y venta de gente.

Las cifras en juego son aterradoras. Por una víctima se puede pagar inicialmente entre 50 mil y 360 mil dólares (520 millones de pesos argentinos). Los destinos de las víctimas simplemente son impensables. Desde la adopción ilegal hasta el tráfico de órganos, un delito prácticamente desconocido en la Argentina, aunque periodistas de países vecinos denuncian posibles hechos en Brasil y Bolivia.

El horror mismo en nuestro país y todos a merced de tan cruentas personas. Esa confirmación crece diariamente entre nosotros, mientras Loan no es encontrado. Un clamor de redes, de gentes, de hinchadas y de equipos de futbol. Así está todo el país porque detrás de este infierno correntino está la impunidad del poder político y económico, sospechándose incluso en complicidad de mafias de extrema peligrosidad.

Una funcionaria municipal (además secretaria en la escuela primaria de la localidad), su esposo militar especializado en inteligencia y un comisario de frondoso prontuario, se destacan entre los detenidos. A nadie escapa que pueden ser los primeros de otros, pero que son todos empleados del Estado y representantes del poder simbólico. Pese a todo nadie sabe si se trata de una banda de secuestradores, con ramificaciones en el Estado, o es el caso de un niño víctima de un delito intrafamiliar. Hasta el momento la falta de pruebas, y la intervención de fuerzas externas al expediente son un inmenso desafío para la magistrada federal.

BANDA PROBADA

En la misma provincia de Corrientes que oficialmente le niega al país la frecuencia de estos graves delitos, se recuerda un caso de hace diez años atrás, cuando la nieta menor de un empresario millonario fue secuestrada y rescatada en apenas cinco horas (ver La Nación 05/06/2014).

En este caso -a diferencia de Loan- la nena de dos años y medio fue recuperada en corto tiempo, puesto que el operativo de seguridad no solo cercó Corrientes, sino también Chaco y Misiones. Por la plata baila el cana. En una actitud muy diferente a la actual, el operativo recuperó a la nieta del dueño de los casinos. Un llamado extorsivo pedía seis millones de entonces.

Luego aparecieron indicios de que se trataba de una banda de narcos, que además del dinero pretendido le cobraba una vendetta al poder local. En una entrevista radial la hermana Marta Pelloni (RadioSalta/SinFiltro), hace mas de un mes denunciaba redes enteras de trata en Corrientes, y abogados del poder largamente conocidos por ella, actualmente defensores de algunos de los imputados en el caso Loan. 

Por otra parte, esta semana fue noticia la detención de uno de los abogados más importantes de la provincia de San Juan. El ilustre doctor cuyano quedó detenido junto a un ciudadano colombiano y a otro venezolano, acusados de ser parte de una banda de trata de personas, que captó mujeres, en su mayoría menores de edad, para convertirlas en esclavas sexuales a la fuerza, con fines de lucro. Las víctimas argentinas fueron rescatadas en prostíbulos en Colombia (Tribuno 17/07/24).

La justicia logró probar que las jóvenes -y pobres- mujeres fueron sacadas irregularmente del país, a través de la provincia de La Rioja, bajo el engaño de ser convertidas en modelos de éxito. Un argumento que primitivamente nos recuerda al localmente condenado Pablo Rangeón, un preso por delitos sexuales, otrora proveedor de la residencia oficial de Finca las Costas (gestión Juan Urtubey), tal como denunció bajo juramento una víctima del entonces poderoso “promotor de modelos” local (Pagina12-13/07/2022). Denuncia sincera de una mujer salteña ultrajada, que todavía arde de injusticia ante los tribunales de Av Bolivia.  Justicia salteña que es por elección sorda, ciega y muda.

Pese a esta dañina parcialidad de nuestros criollos jueces y fiscales, la verdad sucede y los delitos se cometen, quedando muchos aun impunes. Crímenes de una gravedad social que solo pueden ser posibles con la participación de agentes gubernamentales.

En Salta incluso la Justicia Federal logró en los últimos 20 años desbaratar bandas de trata, y detener a los responsables. De España y Deán Funes salieron órdenes de detención luego convertidas en condenas, por las cuales -al menos tres efectivos del Ejercito Argentino (asiento en Salta y en Misiones)- aun cumplen condena.

En Salta se investigaron y condenaron redes de trata tanto para prostitución forzada en el exterior, como el ingreso ilegal de ciudadanos orientales al país, vía camino de cornisa desde Jujuy. En el último de estos hechos la detención fue realizada en vaqueros, con mas de 20 ciudadanos chinos ocultos en una camioneta con verduras, en horas de la madrugada.

Paralelamente los salteños vieron en estos últimos años el avance brutal de la criminalidad organizada en territorio provincial. Incluso en estos últimos cinco años, las cantidades de droga traficada en Salta bien podrían ubicar a la provincia en un podio, junto a localidades mexicanas, colombianas, o de la más cercana Bolivia. El incremento del sicariato narco es evidente. Personas decapitadas en el norte de Salta, en claro mensaje mafioso a otros participes. Asesinatos a balazos y víctimas maniatadas al costado de las rutas en territorio argentino, parecen ya una marca de propiedad. Los narcos riegan muertos, como los perros mean las paredes y las ruedas de las bicis. Todo ante la inacción de nuestras fuerzas locales de seguridad y de investigación penal.

Hasta sicarios detenidos el sistema salteño dejó sospechosamente escapar. El caso del ex Juez Federal Raúl Reynoso, el silencio atroz de Carlos “conejo” Martínez, intendente de Aguas Blancas, quien habría sido condenado por tráfico de drogas, y el reciente homicidio de su hermano, a quien acribillaron en Orán desde una moto el 12 de diciembre de 2023. La detención y condena del Presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, la fuga internacional del segundo concejal en la lista oficialista, la destitución preventiva del multimillonario intendente Rubén Méndez, y la detención de su hermano con siete kilos en Tucumán, son solo algunos síntomas de lo que parece una enfermedad en territorio salteño. Mucho dinero, muchos kilos, mucha gente y mucha organización de extrema violencia.

Sin dudas el caso del niño correntino, y la dirección que parece tomar la investigación, podrían revelar en el litoral la existencia de estos grupos organizados, donde delincuentes de suma peligrosidad se fusionan con estructuras del poder político y económico. Las economías y las sociedades del interior argentino, quedan a merced del dinero sucio. Políticos, empresarios, profesionales, todos quieren su parte.

Al tratarse de actividades de millonaria rentabilidad y con la necesidad de legalizar esos ingresos, la complicidad nace a fuerza de un modelo largamente conocido: “Plata o Plomo”. Pantallas, lavado, testaferros, etc. Todo al calor de dinero ensangrentado. Lo que pase con la población argentina mas vulnerable, depende pura y exclusivamente de su suerte. Por eso la necesidad que no ganen siempre. Por eso la necesidad que DEVUELVAN A LOAN!

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