



La medida rige sobre Télam, Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y la plataforma Educ.ar. Las sociedades estarán a cargo de Diego Martín Chaher y Diego Sebastián Marias.
El Gobierno nacional oficializó la intervención de los medios de comunicación públicos por el plazo de un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo. La medida se confirmó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 117/2024.
El abogado Diego Martín Chaher fue nombrado como interventor de Radio y Televisión Argentina, y “con carácter ad-honorem”, de Télam, Contenidos Públicos y Educ.ar. En tanto, Diego Sebastián Marias fue designado interventor adjunto.


Ambos tendrán varias facultades tales como: elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo Nacional; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias y/o aprobar uno nuevo; modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo y/o aprobar uno nuevo; y modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete y/o aprobar una nueva; presentar la rendición de cuentas; operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas; designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades.
“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar”, señala el decreto publicado esta madrugada.
La intervención será por el plazo de un año, pero podrá ser prorrogada por única vez por la Jefatura de Gabinete.


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