Rescate estatal y millonario para el barrio privado de Magdalena Day

La promesa de autorregulación del mercado y la eficiencia de los emprendimientos privados volvieron a chocar de bruces contra la realidad de los privilegios. Mientras el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) mantiene firme una multa histórica de casi 80 millones de pesos y la prohibición absoluta de habilitar nuevas conexiones por gravísimas irregularidades sanitarias, el Estado provincial salió al rescate de la urbanización Vía Aurelia. 

A través de una asistencia operada por Aguas del Norte (COSAYSA), la empresa estatal le regaló un salvavidas logístico a la desarrolladora de la empresaria Magdalena Day, evidenciando una vez más cómo los negociados inmobiliarios terminan socializando sus pérdidas con el conjunto de los salteños.

El escándalo, documentado en la Resolución ENRESP N.º 1400/2026, expone una postal de impunidad corporativa. El emprendimiento del grupo MDAY venía operando en medio de cuestionamientos ambientales lapidarios, con la planta depuradora colapsada, descargas irregulares de efluentes que afectaron históricamente al Río Arenales y la revocación formal del Certificado de Aptitud Ambiental por parte del municipio. Sin embargo, en lugar de ejecutar todo el rigor punitivo contra los responsables de este desastre ecológico, la compañía estatal decidió intervenir discretamente mediante un comodato de dos módulos compactos de tratamiento cloacal para evitar el colapso operativo del barrio privado.

El lobby inmobiliario y la asistencia por izquierda

Las maniobras detrás del auxilio estatal reflejan la asimetría con la que operan los grandes desarrolladores urbanos en la provincia. El comodato firmado por COSAYSA no solo implicó la entrega de equipamiento y una cisterna de 25.000 litros para la cloración, sino que se realizó a espaldas de los controles regulatorios. El propio ENRESP tuvo que observar formalmente la operación al detectar que los módulos cedidos forman parte de los bienes afectados al servicio público y que la transferencia se concretó sin la intervención previa del organismo de control ni los respaldos formales del directorio de la empresa estatal.

Mientras la empresaria Magdalena Day intentó justificar el colapso sanitario escudándose en la paralización de la Planta Depuradora Sur y en supuestas fallas de la infraestructura provincial, los hechos demuestran que el lobby privado opera con red de contención política. Desde el inicio, la desarrolladora intentó eludir las exigencias de inscripción como prestador sanitario y las normativas vigentes, priorizando el negocio de la venta de lotes por encima de la salubridad pública.

De la multa millonaria al futuro negocio zonal

La paradoja institucional es absoluta: el Estado provincial sanciona a la urbanización por destruir el ambiente y operar de manera clandestina, pero al mismo tiempo le aporta la infraestructura técnica para sostener el emprendimiento y pica en punta para convertirse en el futuro operador de una mega-planta de tratamiento proyectada para 17.000 habitantes. Es decir, el sector público termina subsidiando las fallas operativas de un privado que comercializó tierras sin la infraestructura sanitaria adecuada.

Con un expediente judicial abierto donde la multa de casi 80 millones sigue vigente pero cajoneada por apelaciones dilatorias, el caso Vía Aurelia se transforma en el manual perfecto del capitalismo de amigos en Salta. Los desarrolladores lotean, venden, contaminan y desafían a los organismos de control, pero cuando el negocio tambalea y las cloacas desbordan, aparece el Estado bondadoso para rescatarlos con recursos de todos los contribuyentes.