“El Gobierno está muy cómodo con los actuales dirigentes”: la interna de UTA Salta que expone el malestar de los choferes

Alejandro Chauqui, chofer de la línea 7 de SAETA y referente de la oposición gremial, busca competir por la conducción de la UTA en Salta, aunque la oficialización de las listas permanece trabada y en manos de la Justicia. Denuncia sanciones arbitrarias, pérdida de derechos laborales, falta de representación y cuestiona el destino de millonarios aportes que realizan los trabajadores.

Las elecciones tienen un marco nacional, ya que la disputa por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) están previstos para el 7 y 8 de Oktubre.

En Salta, abrió algo más que una interna gremial. En juego aparece la representación de alrededor de 3.500 trabajadores vinculados al sistema de transporte —entre choferes, mecánicos, barrenderos y personal de mantenimiento— y, detrás de la elección, una discusión sobre salarios, condiciones laborales, sanciones, aportes sindicales y el vínculo entre el poder político y la dirigencia gremial.

Alejandro Chauqui, chofer de la línea 7 de SAETA y delegado que pretende competir por la conducción del sindicato en la provincia, sostiene que existe una estructura sindical que dejó de representar efectivamente a buena parte de los trabajadores y que mantiene una relación funcional con el poder político.

La situación electoral, además, permanece abierta. La Junta Electoral todavía no oficializó la lista que integra Chauqui y el conflicto terminó judicializado. Mientras se define quiénes podrán participar formalmente de la elección, el dirigente opositor decidió poner sobre la mesa las razones que, según afirma, lo llevaron a intentar disputar la conducción de la UTA.

En ese cuadro, hay una frase con la que comienza la entrevista con este medio que resume buena parte de su lectura política. “El Gobierno está muy cómodo con los actuales dirigentes”.

Para Chauqui, esa comodidad no sería casual. Según plantea, existe una relación entre el poder político y una conducción sindical que evita confrontaciones y que, en su interpretación, termina acompañando un proceso de pérdida progresiva de derechos laborales.

Una UTA que dejó de representar

Tranquilo, sereno y con mucha paciencia para responder, Chauqui visitó el estudio Pulenta para sostener que el principal problema no es solo quién ocupa un cargo dentro del sindicato, sino qué tipo de representación reciben los trabajadores.

Desde su perspectiva, la actual estructura gremial no garantiza la defensa efectiva para quienes tienen posiciones opositoras y cuestiona que determinadas herramientas sindicales dependan de avales de la propia conducción.

En ese contexto, menciona la discusión sobre los aportes que realizan los trabajadores. Según su denuncia, desde 2001 se descuentan de manera compulsiva conceptos vinculados a promoción social y ayuda solidaria, que representarían aproximadamente un 1% más un 1,5% del salario.

Estimó que esos descuentos significan actualmente entre 40.000 y 50.000 pesos por trabajador y calcula que, considerando la cantidad de trabajadores alcanzados, los fondos superarían los 1.000 millones de pesos anuales. La pregunta que plantea es directa: ¿Qué reciben los trabajadores a cambio?

Según su relato, durante aproximadamente 26 años esos recursos no se tradujeron en una infraestructura o en beneficios que, a su criterio, estén a la altura de los montos aportados. Como ejemplo, menciona la construcción de una pileta y asadores entre 2014 y 2018.

Son afirmaciones que, por su magnitud, requerirían documentación y rendición de cuentas para ser corroboradas, pero que muestran cuál es uno de los principales cuestionamientos que la oposición gremial pretende instalar dentro del colectivo de trabajadores.

Sanciones, descuentos y una presión cotidiana

La discusión sindical también se traslada directamente al lugar de trabajo. Chauqui describió un escenario en el que los choferes pueden recibir sanciones por cuestiones que considera menores o arbitrarias: vestimenta, documentación relacionada con los recorridos o determinadas exigencias internas.

Uno de los puntos más sensibles de su relato tiene que ver con la documentación que deben firmar los trabajadores durante la jornada. Según denuncia, inspectores pueden requerir la firma de documentación mientras el chofer se encuentra conduciendo, una práctica que, sostiene, entra en contradicción con las normas de tránsito y seguridad vial.

El impacto económico de una sanción tampoco sería menor. Chauqui calcula que una suspensión de un día puede representar una pérdida cercana a 30.000 pesos para el trabajador. Y allí aparece otro problema: reclamar.

Según su experiencia, iniciar una acción judicial puede tener un costo similar al monto que se pretende recuperar, por lo que muchos trabajadores terminan optando por no avanzar.

La consecuencia, plantea, es una suerte de equilibrio desigual: el trabajador sabe que puede reclamar, pero también sabe que hacerlo puede implicar tiempo, dinero y eventualmente mayores tensiones dentro de la empresa.

Cuando cumplir el horario puede convertirse en un riesgo

Uno de los aspectos más delicados de la entrevista aparece cuando Chauqui habla de los tiempos establecidos para completar los recorridos.

Según sostiene, algunos horarios son demasiado ajustados y generan una presión permanente sobre el conductor para llegar a destino dentro de los tiempos previstos.

La consecuencia, advierte, puede ser peligrosa: circular a mayor velocidad, atravesar un semáforo en condiciones inadecuadas o realizar maniobras que comprometan la seguridad.

Chauqui intenta separar responsabilidades. El trabajador, afirma, termina siendo la cara visible del servicio frente al pasajero, pero las decisiones sobre recorridos, frecuencias y tiempos no dependen exclusivamente de quien está detrás del volante. El problema, en su lectura, es que la presión del sistema termina descargándose sobre el chofer.

También plantea interrogantes sobre las coberturas de seguros y las cláusulas que podrían dejar expuesto económicamente al trabajador ante determinados accidentes o daños.

Se trata de un punto especialmente sensible en una actividad donde una decisión tomada en segundos puede tener consecuencias para decenas de pasajeros y para el propio conductor.

Cinco horas arriba del colectivo

Pero la discusión no se limita a las sanciones. Chauqui denuncia jornadas en las que algunos trabajadores realizan tres o cuatro vueltas consecutivas —aproximadamente cinco horas— sin poder descender del vehículo.

La falta de pausas para ir al baño, hidratarse o simplemente descansar aparece, según su relato, como una de las principales dificultades de la actividad.

El dirigente vincula estas condiciones con problemas renales, de columna y también con consecuencias psicológicas.

También denuncia intentos de obligar a trabajadores a prestar servicio durante períodos que deberían corresponder al descanso y cuestiona liquidaciones salariales que, según afirma, terminan perjudicando sistemáticamente al empleado.

En cuanto a las unidades, aclara que en términos generales considera que los colectivos de su empresa se encuentran en buenas condiciones, aunque afirma haber realizado reclamos por problemas mecánicos específicos, como embragues, campanas ovaladas y cuestiones relacionadas con la higiene.

Para Chauqui, incluso reclamar por esas cuestiones puede convertirse en un problema para el trabajador.

Una trayectoria que terminó en oposición

La historia personal de Chauqui dentro del transporte local también ayuda a entender por qué decidió disputar la conducción gremial.

Trabaja en el sector desde 1997, con una interrupción entre 2001 y 2005, y acumula más de dos décadas de actividad. Su participación gremial comenzó en 2021. Fue delegado entre 2021 y 2023, atravesó una derrota electoral y actualmente volvió a ocupar ese lugar.

Según relata, su decisión de involucrarse estuvo vinculada al deterioro que observaba en las condiciones laborales: exigencias que considera indebidas, descuentos salariales, sanciones y falta de respuestas gremiales. Pero su enfrentamiento con la estructura sindical también tuvo consecuencias personales.

Chauqui afirma haber atravesado aproximadamente dos años de hostigamiento y búsqueda de faltas. Sin embargo, remarca un dato: en más de dos décadas dentro de su empresa solamente recibió una suspensión, de un día. Desde su perspectiva, el cambio se produjo cuando comenzó a asumir un rol opositor.

La interna gremial llega a la Justicia

La intención de participar en los comicios de Octubre parte de la base de cómo vive el chofer salteño el día a día arriba de cada unidad, y eso, aparentemente incomoda, porque la lista fue presentada en tiempo y forma y las objeciones fueron subsanadas en tiempo y forma, asegura. Este hecho, promovido por la Junta Electoral quedó bajo análisis judicial.

El dirigente sostiene que su pertenencia al sector opositor también le genera obstáculos para presentar reclamos ante la Secretaría de Trabajo y denuncia que la conducción de la UTA le niega la firma necesaria para avanzar con determinadas presentaciones.

La pelea, entonces, ya no se limita a quién gana una elección. Se discute quién puede participar, quién representa a los trabajadores y bajo qué condiciones una oposición sindical puede disputar el poder dentro de una organización con miles de afiliados.

Seguimientos y presión: la denuncia más grave

Entre los testimonios aportados por Chauqui aparece además una denuncia particularmente delicada: asegura que algunas trabajadoras fueron perseguidas por inspectores que se movilizaban en vehículos particulares.

También menciona informes disciplinarios y consecuencias psicológicas derivadas de situaciones de presión laboral.

En uno de los casos que relata, una trabajadora habría sufrido un ataque de pánico que derivó en una licencia psicológica.

Son situaciones que, por su gravedad, deberían ser investigadas y documentadas por los organismos correspondientes si existen denuncias formales.

Porque si la discusión sindical pretende ser algo más que una interna por cargos, estas cuestiones son centrales: no se trata únicamente de quién conduce la UTA, sino de qué condiciones enfrenta todos los días quien se sube a un colectivo para transportar a miles de salteños.