Caso Finca Karina: el defensor del expropietario detenido en Tarija asegura que ya había vendido el predio

Tras el revuelo generado por la detención del expropietario de Finca Karina —quien fue localizado en la ciudad boliviana de Tarija y entregado a la justicia argentina en la zona fronteriza de Aguas Blancas bajo un pedido de captura internacional por presunta asociación ilícita y contrabando—, el caso sumó la palabra de su defensa técnica. 

El abogado defensor Abraham Álvarez dialogó con medios salteños para rechazar de plano la grave calificación legal atribuida por la fiscalía, desvinculando por completo a su representado de las maniobras delictivas investigadas en la permeable frontera norte y atribuyendo las sospechas a una confusión sobre la titularidad histórica del inmueble.

Durante la entrevista, el letrado centró su estrategia en demostrar que el acusado ya no tenía injerencia legal ni comercial sobre el terreno al momento de cometerse los ilícitos, argumentando que existió una desvinculación formal a través de una operación inmobiliaria previa.

Según precisó Álvarez, el detenido "tuvo vinculación estrecha como titular real del inmueble registral, pero en el medio se produjo un contrato de compraventa donde cedió todos sus derechos posesorios". El abogado identificó a la compradora como Gladys Salazar, detallando que la transacción se concretó por un monto cercano a los $20 millones luego de que su defendido desistiera de consolidar un proyecto inmobiliario en la zona.

Frente a la hipótesis de la fiscalía que sitúa al imputado en la cúspide de una organización criminal transfronteriza, la defensa negó tajantemente cualquier tipo de contacto físico o logístico con el territorio argentino, asegurando que el acusado "su centro de vida lo tiene en Bolivia" y que jamás pisó el país en el marco de estos hechos.

Álvarez cuestionó la solidez de las pruebas recolectadas hasta el momento en el expediente, señalando que las intervenciones telefónicas y los cruces de llamadas jamás comprometieron de manera directa al expropietario. Con el foco puesto en desestimar las acusaciones de liderazgo en la asociación ilícita, la estrategia legal buscará probar en el transcurso de la investigación que la titularidad dominial pasada no constituye, por sí misma, una prueba de participación en las redes de contrabando que operan en el norte salteño.