

Exigen reabrir la causa contra el padre del único condenado por el doble crimen de las francesas en Salta
Judiciales25/08/2026 Caso Bouvier - Moumni


A cumplirse quince años del atroz doble femicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, cuyos cuerpos acribillados y ultrajados fueron hallados en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, la causa judicial más resonante en la historia de la provincia vuelve a sacudir los cimientos institucionales de Salta.
La Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal presentó un escrito de extrema contundencia jurídica en el que exige la nulidad absoluta de los sobreseimientos dictados entre 2012 y 2013 en favor de Walter Lasi —padre de Gustavo Lasi, el único condenado a 30 años de prisión en el juicio de 2014—. Esta ofensiva judicial busca demoler el blindaje legal que protegió al imputado durante más de una década, reabriendo un expediente cargado de sombras, contradicciones procesales y pactos de silencio que la sociedad salteña jamás logró cerrar por completo.
La jugada de la fiscalía no se sustenta únicamente en la revisión política del expediente, sino en un contundente respaldo técnico aportado por la cooperación judicial internacional. Gracias a la intervención de los tribunales de Francia —amparados en la normativa que faculta a la justicia gala a investigar delitos graves cometidos contra sus nacionales en el extranjero—, muestras clave resguardadas en el expediente fueron derivadas al Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París.


El nuevo y exhaustivo peritaje genético no sólo ratificó de forma categórica la presencia del perfil de Gustavo Lasi en las evidencias físicas recolectadas sobre los cuerpos de las víctimas, sino que arrojó un dato explosivo que dinamita el sobreseimiento previo: los marcadores genéticos analizados en el laboratorio europeo no descartan de ningún modo la participación directa de Walter Lasi en la masacre, pulverizando los argumentos con los cuales la Sala II del Tribunal de Impugnación lo había desligado de la causa amparándose en el agotamiento de los "plazos razonables".
El trasfondo de corrupción policial
El entramado que ahora sale a la luz expone una oscura red de encubrimiento y manipulación probatoria gestada desde las entrañas de la propia fuerza de seguridad provincial durante los primeros tramos de la instrucción. En paralelo al pedido de indagatoria sobre Walter Lasi, el fiscal penal Pablo Paz solicitó la elevación a juicio oral de dos expolicías de la Brigada de Investigaciones 1 —Walter Omar Mamani y Juan de Dios Solano—, acusados de falsedad ideológica por haber plantado proyectiles y falsificado actas públicas para encauzar la investigación de manera dirigida.
Esta maniobra delictiva había sido denunciada en agosto de 2011 por el entonces jefe de la Brigada, el comisario Néstor Eduardo Piccolo, quien dejó asentado por escrito que el sector donde sus subordinados "hallaron" las balas ya había sido rastrillado minuciosamente con detectores de metales sin encontrar nada. Pocos días después de aquella grave denuncia interna, el comisario Piccolo apareció muerto de un disparo en la cabeza; un hecho que la justicia salteña cerró de manera exprés bajo la carátula de suicidio, convirtiéndose en uno de los episodios más oscuros y silenciados del caso.
Un derrotero de irregularidades judiciales que interpela a los poderes del Estado
La historia procesal del doble crimen estuvo plagada de sentencias frágiles y vaivenes que castigaron severamente la credibilidad del sistema judicial salteño. Mientras Gustavo Lasi purga su condena y el caso de Santos Vera —quien fuera injustamente condenado a prisión perpetua antes de ser liberado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— dejó al desnudo la impericia y la ligereza de la instrucción local, la situación procesal de Walter Lasi permaneció blindada artificialmente.
El nuevo escenario impulsado por la fiscalía no pretende una condena arbitraria, sino garantizar el debido proceso y someter a escrutinio judicial a quienes lograron evadir el banquillo de los acusados. A quince años de aquella tragedia que conmocionó al mundo, el expediente demuestra que la verdad histórica no prescribe y que las heridas abiertas en la Quebrada de San Lorenzo seguirán sangrando hasta que la justicia actúe con la rigurosidad y la transparencia que un crimen de esta magnitud demanda.


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