SAETA al borde del default: advierten que recortarán el servicio nocturno por deudas de provincia

Pese al salvaje tarifazo que llevó el boleto mínimo a 1.450 pesos y a la polémica eliminación del trasbordo gratuito, el sistema de transporte público de Salta está al borde del colapso. Los empresarios de las subconcesionarias de SAETA presentaron una nota formal advirtiendo que, debido a una recaudación drásticamente menor a la esperada y a severos retrasos en los pagos estatales, se verán obligados a aplicar recortes en las frecuencias urbanas e interurbanas y suspender el servicio nocturno. Las empresas denuncian que la Provincia aún les debe el 60% de los kilómetros recorridos en abril.

La bomba económica estalló en las últimas horas tras una reunión de emergencia en la que el gran ausente fue el presidente de SAETA, Claudio Mohr. En su lugar, el resto del directorio intentó contener el reclamo de los popes del transporte (representantes de los corredores del 1 al 8), quienes lanzaron un ultimátum: si el gobierno provincial no cancela la millonaria deuda por el kilometraje y los subsidios al gasoil este mismo viernes, las unidades comenzarán a guardarse en los galpones.

La crisis de SAETA demuestra el fracaso de la estrategia de parches financieros. El pasado 8 de abril, el pasaje sufrió un salto brutal al pasar de $1.150 a $1.450, convirtiéndose en uno de los más caros del país. Para blindar el negocio de las empresas, las autoridades decidieron además podar el beneficio del trasbordo gratuito, obligando a los usuarios a pagar el 50% del segundo boleto.

Sin embargo, el tarifazo generó un efecto bumerán inmediato: la gente dejó de viajar porque no puede pagarlo. Mientras la expectativa oficial era recaudar un piso de 400 millones de pesos diarios, la realidad de las validadoras arrojó cifras famélicas. El impacto fue tan demoledor que sectores vulnerables, como el de las trabajadoras de casas particulares, debieron presentar pedidos desesperados para obtener un boleto especial, ante la cruda disyuntiva de gastar medio sueldo solo en viajar al trabajo o perder el empleo.

Fuentes del sector de transporte confiaron a la prensa que los fondos que la Provincia gira a SAETA son inferiores en términos reales a los del año pasado, lo que licúa cualquier intento de equilibrio financiero. Con las arcas vacías, los empresarios (Tadelva, El Cóndor, San Ignacio, Ale Hnos, Transal, Alto Molino y Ahynarca) manifestaron que se les volvió "imposible" cumplir con las paritarias y los acuerdos salariales firmados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El fantasma del desabastecimiento de transporte es inminente. De no acreditarse los fondos para cubrir los sueldos y el combustible, el gremio de choferes entrará automáticamente en estado de alerta, abriendo las puertas a medidas de fuerza y paros totales de actividades.

Mientras el panorama interno es un hervidero, SAETA intentó maquillar la crisis con un escueto y tibio comunicado de prensa, asegurando que los empresarios "destacaron su intención de buscar una solución inmediata que permita la continuidad del servicio como está sucediendo en otras provincias". Sin embargo, las llaves de los colectivos ya están sobre la mesa de negociaciones y, si la billetera estatal no aparece, los salteños volverán a quedarse a pie.

La crisis actual deja al desnudo la gran farsa estructural de nuestro transporte público: ¿Acaso SAETA no nació y se promocionó siempre como una empresa del Estado provincial? Se supone que al ser una sociedad anónima de propiedad estatal, su fin último debería ser garantizar un derecho social y un servicio público esencial para los ciudadanos, no asegurar la rentabilidad corporativa de un puñado de subconcesionarias privadas (como Ale Hnos, Ahynarca o Transal).

Que el sistema hoy amenace con dejarnos a pie, recortar frecuencias y suspender el servicio nocturno porque "la recaudación no es la esperada" demuestra que el Gobierno de Salta terminó privatizando el riesgo y estatizando las pérdidas. Al final del día, los salteños pagamos un boleto impagable a $1.450 y financiamos subsidios millonarios con nuestros impuestos, pero el control real del servicio sigue secuestrado por el chantaje patronal de empresarios que priorizan sus ganancias antes que la necesidad de la gente.