

El millonario juicio que Urtubey le dejó a Salta y que ahora pagarán todos los ciudadanos
Política27/05/2026 Pesada herencia


En un fallo definitivo que desnuda la alarmante irresponsabilidad con la que se manejaron los contratos estatales, la Justicia condenó a la Provincia de Salta a pagar una suma que ya supera los 45 millones de dólares. El motivo: la rescisión "arbitraria y abusiva" de la concesión de los casinos a la empresa Enjasa (Casinos Austria) dictada en 2013 durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. Lejos de la autocrítica, el exgobernador rompió el silencio con una insólita justificación matemática, asegurando que el default legal fue una "buena decisión económica" porque la provincia "ganó más dinero".
La bomba judicial estalló con toda su fuerza en este mes de mayo de 2026. Aunque el tribunal arbitral internacional ya había fijado la indemnización base en 36 millones de dólares, la actualización de los intereses por el paso de los años y las costas del litigio judicial elevaron la factura final a más de 45 millones de dólares. Se trata de un agujero fiscal monumental que ahora deberán costear todos los salteños en el peor momento de recesión, caída del consumo y licuación de los fondos coparticipables.
El conflicto se remonta a la administración de Urtubey, cuando el Ejecutivo revocó de forma unilateral, anticipada y fulminante la licencia exclusiva de 30 años que poseía el operador austríaco. El argumento oficial de aquel entonces hablaba de supuestos incumplimientos y de una investigación por presunto lavado de activos llevada adelante por un organismo nacional, alegando que la provincia no podía ser "cómplice". Sin embargo, la Justicia trituró el relato de la causa noble y determinó que la expropiación encubierta de la licencia fue un acto puramente arbitrario, abusivo y carente de legalidad.


La insólita defensa de Urtubey: "Ganamos más de 100 millones"
Fiel a su estilo discursivo, Juan Manuel Urtubey salió a defender el descalabro financiero en los medios locales con una lógica contable que roza el cinismo. En declaraciones radiales, el exmandatario se jactó de que el manotazo a los austríacos terminó siendo un negocio redondo para las arcas públicas: "El anterior convenio, firmado en gestiones previas, tenía condiciones leoninas y Salta era el paraíso del juego porque nadie pagaba nada; el canon anual promedio era de apenas 1,6 millones de dólares", disparó para desviar las culpas.
Según el exgobernador, tras quitarle la concesión a Enjasa y renegociar el esquema del juego en la provincia, la recaudación anual saltó a unos 8,9 millones de dólares. Bajo esa cuenta, Urtubey argumentó que mientras entre el año 2000 y 2007 Salta solo percibió 13 millones de dólares por el canon del juego, desde el 2008 hasta la fecha el Estado recaudó 125 millones de la moneda norteamericana. "Incluso descontando los millones de la indemnización que hay que pagar, la Provincia obtuvo 66 millones de dólares extra a la fecha. No hay forma de no ver esto como una buena decisión económica; en dos años pagás la indemnización y después seguís ganando", minimizó el dirigente en los micrófonos de FM Pacífico.
Un peligroso precedente de inseguridad jurídica
La línea de defensa de Urtubey intenta instalar una peligrosa doctrina política: la de que el Estado puede romper contratos firmados, violar la propiedad privada y actuar al margen de la ley siempre y cuando los funcionarios de turno consideren que pueden manotear una tajada mayor con un nuevo convenio. Lo que el exgobernador omite en su relato es el daño colateral intangible pero devastador: la destrucción de la seguridad jurídica de Salta ante los inversores internacionales.
Presentar como un "logro" tener que desembolsar 45 millones de dólares cash por haber perdido un juicio debido a la torpeza y el autoritarismo administrativo es una burla al bolsillo de los contribuyentes. Mientras el sector privado salteño sufre despidos masivos y los hospitales y escuelas mendigan presupuesto, el Estado provincial se ve obligado a desviar una fortuna multimillonaria para pagar la factura de un capricho político mal ejecutado en los escritorios del Gran Bourg.


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