Un proyecto de Ley busca atar a docentes a sus cargos para frenar los traslados

Un grupo de diputados que responden a la línea del gobernador Gustavo Sáenz (B. J. Gustavo Sáenz Conducción) presentó un Proyecto de Ley que busca modificar el Estatuto del Educador, Ley 6830, incorporando una limitación estricta a la movilidad docente. La medida impediría solicitar el traslado a cualquier docente que no acredite un mínimo de seis años de servicio restantes para acceder a la jubilación ordinaria, generando controversia sobre la rigidez impuesta a la estabilidad laboral y los derechos del trabajador.

El Proyecto de Ley presentado por los diputados Gerónimo Arjona, Moisés Balderrama, Enzo Chauque, Fabio López, Germán Rallé, Rogelio Segundo, Ernesto Tapia, Ricardo Vargas y Raúl Vargas, propone incorporar el artículo 31 bis al Estatuto del Educador. La normativa busca frenar los traslados docentes al imponer una única condición: ningún educador podrá solicitar traslado a otra zona si no le faltan menos de seis años para jubilarse.

La fundamentación de la iniciativa se centra en la "necesidad de priorizar la estabilidad del personal" y evitar traslados "arbitrarios y reiterados" que afectan la continuidad pedagógica y el clima institucional. Los legisladores sostienen, con razón, que la continuidad docente es un pilar esencial para el desarrollo integral del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la consolidación de la calidad educativa. 

Si bien el diagnóstico sobre la afectación de la "columna vertebral del sistema educativo" por la movilidad indiscriminada es acertado, la solución propuesta levanta serias objeciones desde la perspectiva de los derechos laborales.

La exigencia de una permanencia obligatoria de seis años hasta la jubilación, como única condición para restringir la movilidad, establece una rigidez extrema que podría ser desproporcionada. Esta medida ignora una amplia gama de situaciones personales, familiares, de salud o de seguridad que legítimamente motivan a un docente a buscar un traslado. Al simplificar la compleja vida del trabajador a una única variable previsional, el proyecto arriesga convertir la búsqueda de estabilidad pedagógica en una restricción severa al desarrollo de la carrera docente y a la libertad de elección del trabajador.

La propuesta busca "proteger a los docentes de traslados injustificados", pero lo hace imponiendo un nuevo e inflexible límite que podría generar justamente lo contrario: traslados forzosos o permanencias indeseadas que sí terminan afectando el clima institucional y la calidad educativa.

Es relevante señalar que el proyecto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones clave, incluyendo las de Educación y Asuntos Laborales, Previsión Social, lo que indica que deberá someterse a un profundo análisis técnico para balancear la legítima búsqueda de continuidad pedagógica con la tutela de los derechos fundamentales del educador.