Violencia, aprietes y denuncias internas: el libertarismo salteño en su hora más oscura

La mañana de este jueves, la libertad de prensa en Salta volvió a ser puesta a prueba. Rodrigo Quinteros, concejal electo por la ciudad y actual asesor de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, irrumpió en los estudios de Radio Infinito 96.5 durante la apertura del programa El Murishow.

No llegó solo: lo acompañaban la también concejal electa Florencia León y un grupo de militantes libertarios. El episodio, lejos de ser un intercambio político, fue una escena de hostigamiento en vivo. Entre gritos, insultos y provocaciones —llamándolo “cagón” y “pautero”, e invitándolo a “pegarle”—, Quinteros buscó forzar una reacción violenta del conductor. No la obtuvo.

Un patrón de violencia en ascenso

Este hecho no es aislado. Trabajadores de la emisora ya venían denunciando agresiones. Alexis Miranda, periodista de la misma radio, también fue blanco de ataques previos que trascendieron el ámbito virtual.

El 31 de julio, la amenaza se volvió tangible: un paquete dirigido a Murillo fue dejado en la emisora. Contenía un consolador, un paquete de harina y mensajes intimidatorios con referencias a la pauta publicitaria. Según el equipo de El Murishow, ningún extraño ingresó al estudio ese día, salvo los integrantes del programa Tábula Rasa, conducido por el propio Quinteros. Murillo lo denunció públicamente al día siguiente.

La interna libertaria y las denuncias de corrupción

El clima hostil no se da en el vacío: coincide con la difusión de denuncias internas que exponen prácticas opacas en el oficialismo libertario salteño. El jefe de Anses en Metán, Cristian Achaval, señaló públicamente el cobro de retornos dentro del espacio, apuntando a figuras como Emilia Orozco, Alfredo Olmedo y un recaudador ligado a Ahora Patria.

A esto se suma la denuncia de Estela Méndez contra el concejal destituido Pablo López, a quien acusó de exigirle dinero a cambio de sexo oral.

Entre la violencia política y la intimidación mediática

La irrupción de Quinteros en Radio Infinito no solo exhibe una alarmante intolerancia hacia la prensa crítica, sino que instala un precedente peligroso: concejales electos que, en lugar de rendir cuentas, eligen amedrentar a periodistas desde el lugar físico donde se ejerce la libertad de expresión.

En un contexto en el que las denuncias de corrupción interna crecen, la violencia como respuesta política no solo es inaceptable: es sintomática. La pregunta que queda flotando es si Salta está dispuesta a normalizar este tipo de prácticas o si, como sociedad, sabrá ponerles freno antes de que la intimidación se convierta en regla.