Las quieren todas | Una ley a medida de la corporación de abogados busca aprobación en Diputados

Los diputados provinciales buscan eliminar la incompatibilidad que les impide ejercer la abogacía mientras ocupan su cargo.

La Cámara Baja pretende discutir una propuesta que parece hecha a medida abogados devenidos en diputados. Legisladores están cerca de eliminar la incompatibilidad que les impide ejercer la abogacía mientras ocupan la banca que le concedió la sociedad.

La movida, para nada inocente, se encuentra en el acta de labor parlamentaria y es un claro ejemplo de cómo, cuando se trata de sus propios intereses, las diferencias políticas se disuelven mágicamente.

El proyecto de ley, que propone modificar el artículo 2º de la Ley 7204, tiene la autoría de diputados de diferentes signos: Luis Albeza, Carolina Ceaglio, Roque Cornejo, Cristina Frísoli, Víctor Lamberto, Sebastián Otero, Néstor Parra, Juan Carlos Roque Posse, Verónica Saicha, Gloria Seco, y Socorro Villamayor, lider del bloque "Salta Tiene Futuro".

Según los breves fundamentos del proyecto, parte de mencionar que el libre ejercicio profesional es un derecho inalienable consagrado por las normas constitucionales y los tratados internacionales. La propuesta argumenta que cualquier limitación a este derecho debe garantizar la igualdad, sugiriendo que la actual incompatibilidad vulnera dicho principio. "Con esta modificación legislativa, se busca restablecer el equilibrio en los derechos de igualdad para que los abogados o procuradores puedan ejercer su profesión plenamente mientras sirven como representantes del pueblo en la Provincia de Salta".

La norma actual es bastante clara: prohíbe a los legisladores y a ciertos funcionarios “representar o patrocinar” a terceros ante los poderes públicos de la provincia.  Esto es lo que dice:

Art. 1º.- Prohíbese a los legisladores y funcionarios enumerados en el artículo 2º de la presente ley, representar o patrocinar, en ejercicio de su profesión, a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la Provincia o sus municipios, como así también, convalidar actos de cualquier naturaleza destinados a ser presentados ante dichos poderes, para obtener o consolidar derechos personales o patrimoniales. La presente prohibición incluye la defensa penal y administrativa de imputados de cualquier clase de ilícitos o irregularidades.

En la práctica, ¿Quién cumple esto a rajatabla? Muchos ya le encontraron la vuelta: tienen programas de TV, radio, cobran ATP, y hasta son socios de estudios y bufetes de letrados. Ahora quieren oficializar lo que ya vienen haciendo de manera encubierta. Con esta reforma, los diputados podrían seguir ejerciendo la abogacía sin problema. Queda por conocer si efectivamente tendrá dictamen de comisión. 

Esto plantea una gran pregunta: ¿realmente necesitan esta ley para sobrevivir económicamente, o simplemente están buscando una manera de seguir engordando sus bolsillos mientras ocupan el poder?