Proponen plazos fijos para las restricciones judiciales pero la iniciativa carece de respaldos legislativos

08/09/2026 Medidas bajo la lupa
Legislatura

En medio de un sistema judicial que a menudo arrastra una peligrosa lentitud procedimental, ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca introducir garantías de temporalidad y control en causas sensibles. 

A través del Expediente Nº 91-54.120/26, el diputado Guillermo Durand Cornejo (bloque Conservador Popular) impulsa la modificación de dos normativas clave: la Ley 7403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar y la Ley 7888 de Protección contra la Violencia de Género.

La iniciativa propone incorporar expresamente la figura de la provisionalidad de las medidas judiciales, estableciendo una revisión periódica obligatoria de seis meses y la intervención formal del Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría). Según los fundamentos, la falta de una delimitación temporal explícita en los textos actuales genera vacíos e inseguridad jurídica, perpetuando medidas cautelares sin un control de evolución adecuado y desvirtuando el espíritu original de protección.

El proyecto apunta a dar fuerza legal y homogeneizar criterios que ya figuraban en la Acordada N° 12704 de la Corte de Justicia salteña, buscando que la práctica tribunalaria deje de manejarse por grises reglamentarios. De este modo, se pretende garantizar que las restricciones o medidas de resguardo no queden congeladas indefinidamente en el tiempo, asegurando un seguimiento riguroso que proteja de manera efectiva a los grupos vulnerables sin caer en la burocracia perpetua.

Sin embargo, al igual que otros expedientes de peso que transitan por la Cámara de Diputados, la iniciativa arranca con un escollo político y técnico inocultable: el proyecto ingresó sin ningún dictamen favorable de las comisiones de Justicia, de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, y de Legislación General. Una muestra más de cómo se impulsan reformas estructurales en los papeles, mientras los consensos legislativos quedan atrapados en la inercia de los despachos.

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