Pantomima oficial: el Ministerio denunció la golpiza pero blindó al Colegio Sagrado Corazón

El anuncio del Ministerio de Educación de denunciar la agresión resultó ser una pantomima mediática: denunciaron el hecho pero "olvidaron" denunciar a la institución por encubrimiento. En las sombras de San Lorenzo Chico, surge una pregunta incómoda: ¿A quién protegen realmente? ¿Es el agresor hijo de algún "intocable" del colegio o solo un alumno con el apellido adecuado?

La indignación en Salta  escala al ritmo de las mentiras oficiales. Lo que se presentó como una "acción de oficio contundente" por parte del Ministerio de Educación terminó siendo un tibio saludo a la bandera. Se denunció la agresión física —algo que ya era imposible de ocultar—, pero se dejó fuera de la mira judicial a la institución Sagrado Corazón. ¿Por qué el Ministerio no denunció penalmente a los directivos por omitir el auxilio y por encubrir un delito sexual y una tentativa de homicidio durante una semana?

La jugada de Alejandro Williams Becker parece diseñada para calmar a la prensa nacional más que para buscar justicia. Denunciar al agresor es el camino fácil, pero proteger a la institución es el verdadero objetivo de la "Salteñidad". Al no accionar contra el colegio, el Ministerio convalida que cualquier institución privada pueda "cajonear" un ataque sádico y un intento de violación a la intimidad sin tener consecuencias legales. En Salta, si pagás la cuota, el Ministerio te cuida la espalda.

El hermetismo sobre la identidad del agresor alimenta las sospechas más oscuras. ¿Es el joven un alumno más o tiene vínculos directos con quienes manejan la institución? La falta de transparencia oficial es obscena. Mientras el pibe agredido lucha contra la amnesia y las secuelas auditivas, el sistema se abroquela para que el nombre del victimario no manche el legajo familiar.

Pagar por seguridad o por impunidad

Desde esta redacción nos permitimos una reflexión necesaria: hoy, cientos de padres y madres eligen la educación de gestión privada en Salta bajo la premisa —o la ilusión— de que están pagando por un entorno seguro. Sin embargo, lo ocurrido demuestra que lo que realmente se garantiza es la invisibilidad de quienes representan un peligro para la sociedad.

Es indignante que no se conozca el apellido de quien quiso filmar los genitales de un compañero y lo desfiguró al ser descubierto. Se protege al agresor para no manchar el círculo social, mientras la víctima queda desprotegida por el sistema que debía cuidarla. Nada nuevo en esta Salta señorial, donde la justicia parece detenerse en los portones de los countries. Si tenés plata para la cuota, parece que también tenés licencia para la barbarie.

Misas para el acosador, silencio para el Ministerio

Mientras circulan cadenas de WhatsApp pidiendo misas en capillas privadas para el agresor, el Ministerio de Educación guarda silencio sobre por qué no intervino el colegio de forma directa. ¿Qué está pasando en las instituciones privadas de Salta? ¿Están "educando" menores o están formando una elite que se cree por encima de la ley penal?

Si el Ministerio no denuncia a la institución por encubrimiento, es tan cómplice como los directivos que miraron para otro lado. El mensaje para los estudiantes es aterrador: si tu apellido pesa, podés destruir a otro y el Estado te va a ayudar a esconder las pruebas bajo una sotana o un expediente incompleto.