Avanza el desalojo masivo de edificaciones ilegales en las banquinas de Salta

Vialidad Nacional activó la justicia federal para despejar tramos de las rutas 50, 9/34, 16 y 81 ocupados por construcciones irregulares. Hay más de 150 obras denunciadas solo en Aguas Blancas. Investigan la complicidad de municipios que habilitaron negocios en zonas de seguridad vial.

El desorden territorial en las rutas nacionales de Salta llegó a un punto de no retorno. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) inició una ofensiva judicial sin precedentes para recuperar las "zonas de camino" usurpadas por particulares y empresas. Desde galpones de dos pisos hasta puestos comerciales al borde del asfalto, las intrusiones no solo son ilegales, sino que hoy representan un riesgo mortal para quienes transitan por el norte provincial. Con el apoyo de Gendarmería Nacional, ya comenzaron las notificaciones y los pedidos de desalojo en Orán, Tartagal y el sur provincial.

El relevamiento de Vialidad es alarmante. En la Ruta Nacional 50, llegando a Aguas Blancas, se detectaron cerca de 150 edificaciones irregulares. Allí, la ocupación es total: depósitos de mercadería y comercios se asientan incluso sobre la zona de seguridad fronteriza.

Otro nudo crítico es el empalme de las Rutas 16 y 9/34 en Río Piedras. En este sector, donde está proyectado un puente distribuidor clave para la nueva concesión de peajes, existen más de 20 puestos que obstruyen la visual de los conductores en una de las trazas con mayor flujo de transporte pesado del país. El despeje de estas áreas es condición "sine qua non" para que las obras de infraestructura vial puedan avanzar antes de la apertura de ofertas en mayo.

La gran pregunta que surge de los expedientes judiciales es cómo se consolidaron estas obras sin que nadie las frenara. Vialidad Nacional puso la lupa sobre los municipios y las empresas de servicios públicos (agua y luz). Resulta inexplicable que edificaciones que violan la Ley Nacional de Tránsito 24.449 cuenten con habilitaciones comerciales municipales o conexiones formales a servicios esenciales. La falta de respuesta de los jefes comunales ante los requerimientos de la DNV ya derivó en presentaciones ante las fiscalías federales por presuntas omisiones de control.

La ley es clara: la zona de camino (calzada, banquina y área de seguridad) es de dominio nacional. Solo se permiten obras básicas de infraestructura o servicios esenciales. Sin embargo, en localidades como Joaquín V. González, Gaona, Metán y Pichanal, la intrusión avanzó hasta el borde mismo del pavimento. La usurpación de estos espacios impide el mantenimiento básico, como el desmalezado, y anula cualquier proyección de ensanche o mejora de las rutas.

Con este operativo, Nación busca poner fin a años de "zona liberada" en las banquinas salteñas. El tiempo de la tolerancia administrativa terminó y ahora es la Justicia Federal la que deberá decidir el destino de los ladrillos que se levantaron donde solo debería haber seguridad vial.