Salta pierde $50.000 millones tras la eliminación del programa Volver al Trabajo

Más de 52 mil beneficiarios en la provincia quedaron sin su único ingreso fijo. El impacto indirecto alcanza a 200 mil personas y amenaza con quebrar la red de almacenes, ferias y merenderos. "Un compañero que daba deportes hoy revuelve la basura", denuncian desde las organizaciones sociales.

El norte provincial y los cinturones de pobreza de la capital salteña enfrentan desde este mes un apagón financiero sin precedentes. La eliminación del programa nacional "Volver al Trabajo" (heredero del Salario Social Complementario) no es solo un cambio de nombre en la burocracia de Capital Federal; es un hachazo de 4.000 millones de pesos mensuales que dejan de circular en las carnicerías, panaderías y farmacias de Salta. Para miles de familias, esos $78.000 eran la diferencia entre comer o saltarse una comida.

Dirigentes sociales como "Jocha" Castro (UTEP) y Darío Limachi (Libres del Sur) advierten que el impacto es "gravísimo" y de efecto inmediato. Solo en los departamentos de Orán y San Martín, hay 20.000 personas afectadas. Según el ISEPCi, la provincia perderá anualmente casi $50.000 millones, un flujo que no iba a cuentas en el exterior, sino que sostenía la economía de proximidad. Sin ese dinero, el almacenero del barrio ya empieza a ver cómo caen sus ventas y el fiado se vuelve una sentencia de cierre.

La crítica apunta directo a la gestión nacional: el Estado prometió una transición hacia el empleo formal mediante cursos de capacitación que, en Salta, brillaron por su ausencia. "Cargaron los datos, pero llegaron cero cursos", denunció Castro. Al eliminar el programa sin haber cumplido la etapa de formación, el Gobierno Nacional ha dejado a la deriva a miles de trabajadores de la economía popular que sostenían bibliotecas, merenderos y centros de apoyo escolar.

El drama humano es desgarrador. Las organizaciones reportan el cierre de comedores y talleres por falta de recursos, mientras que el tejido social se desgarra: trabajadores que antes coordinaban actividades deportivas hoy se ven obligados a cirujear para sobrevivir. La medida parece buscar, más que un ahorro fiscal, la ruptura de la organización comunitaria en barrios donde el Estado rara vez llega si no es a través de estas redes.

A diferencia de otros ajustes, este ha sido un golpe seco. Sin gradualismo ni amortiguación, las familias han pasado de percibir un ingreso mínimo a quedar en cero de un mes para el otro. En un contexto de inflación galopante y caída del consumo, Salta se enfrenta a un escenario de incertidumbre y conflicto social creciente. El interrogante que queda flotando en las calles es letal: ¿Qué va a pasar con las 200.000 personas que dependen directa o indirectamente de ese dinero cuando el hambre empiece a golpear con más fuerza que los decretos de austeridad?