Cerrillos | Faltante de $9 millones en Rentas salpica a gestión Vega

La Municipalidad de Cerrillos vive un fuerte escándalo administrativo y judicial. El intendente Enrique Borelli confirmó la apertura de un sumario administrativo y una denuncia penal ante la Justicia por la detección de una red de fraude que operaba en el área de Rentas durante la gestión de Yolanda Vega.

La maniobra incluye cobros irregulares, recibos apócrifos y más de 100 "habilitaciones fantasmas", generando un faltante estimado entre 8 y 9 millones de pesos que nunca ingresaron a las arcas municipales. En el centro de esta compleja investigación se encuentra la actual titular de Rentas, contadora Gabriela Juárez. Fue ella quien, al impulsar auditorías, destapó la oscura trama que desvió fondos públicos a "bolsillos privados".

Su compromiso con la transparencia le ha costado caro. Juárez denunció estar siendo víctima de amenazas, difamaciones y presiones políticas impulsadas por comerciantes irregulares y punteros. "Cada vez que intentamos ordenar algo, aparecen las amenazas. No soportan que les pidamos cumplir la ley", expresó la funcionaria a un medio colega, evidenciando la resistencia feroz que existe para limpiar el desmanejo administrativo heredado.

El mecanismo: Deuda cancelada sin ingresar al sistema

El intendente Borelli precisó que las irregularidades se detectaron durante una auditoría al padrón comercial. El modus operandi del fraude, que operó desde 2017 o 2018, era simple y efectivo:

“Había comercios con deudas ya canceladas que mostraban recibos sellados, pero los pagos nunca figuraban en el sistema municipal,” señaló Borelli.

Este mecanismo fraudulento incluía la duplicación de registros y cobros fuera de sistema. En muchos casos, los contribuyentes creían haber regularizado sus deudas, pero los montos se evaporaban antes de llegar a destino. El municipio ya sancionó al exdirector de Rentas de la gestión anterior y elevó una denuncia penal para determinar la responsabilidad de los funcionarios implicados en la gestión de Vega.

"No se trata solo de recuperar los fondos, sino de garantizar transparencia en la administración pública", remarcó Borelli, asegurando que la investigación seguirá su curso para determinar el alcance total del perjuicio económico.