Millonaria deuda de obras sociales a hospitales salteños

Diputados dio media sanción al proyecto de ley que avanza sobre el recupero de esos fondos, cuyos valores se determinarán usando los valores establecidos por el IPS. $3.500.000 millones es la deuda, indicaron algunos legisladores oficialistas. 

A través del nomenclador de prestaciones particulares que provee el Instituto Provincial de Seguros de Salta se establecerán los montos de facturación en caso de que este proyecto, enviado por el gobierno provincial, se convierta en ley por determinación de los senadores.

Socorro Villamayor afirmó que el proyecto es “un mecanismo y una herramienta válida para que aquellas obras sociales, co-seguros o mutuales, cuyos pacientes han sido atendidos en la salud pública, paguen en un plazo de 60 días a través de un título ejecutivo aquello que ha invertido el Estado Provincial por la atención de sus afiliados”. 

El posicionamiento de varios frente a esta situación que enfrenta el sistema de salud público de nuestra provincia, es que el desfinanciamiento es un problema histórico que se agravó con las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Otro punto de acuerdo general en el debate, fue que la deuda de las privadas trae como consecuencia el riesgo en la calidad de atención a aquellas personas que no tienen obra social o mutual.

Cuando tomó la palabra la diputada Patricia Hucena recordó que “la deuda en el hospital el Milagro asciende a 600 millones, en el Hospital San Bernardo es una suma parecida y en el Oñativia un poco menos. A nivel provincial la deuda es de 3 mil millones de pesos”. Además remarcó una injusta realidad, trayendo a colación la situación con “la obra social OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) que paga al estado 900 mil pesos por día de internación en terapia intensiva, mientras que al estado provincial le significa un costo de un millón y medio de pesos”.

Por su parte, José Gauffin recordó que además de recuperar el dinero adeudado avanza en un tema que es central, pues instala nomencladores de cobro en cada aspecto del sistema de salud. Otros legisladores también coincidieron en este punto trayendo a colación situaciones particulares, como por ejemplo el diputado Rallé que recordó hacerse eco de una niña que acudió al hospital Oñativia, recomendada por un médico privado, por una inyección de alto costo que su obra social no cubría.

Varios legisladores remarcaron que esta situación con las obras sociales, resultó ser grave debido a la eliminación de la Superintendencia de Salud a nivel nacional. Este organismo se encargaba de acortar los tramites burocráticos entre las obras sociales y los hospitales en relación al cobro de servicios e insumos en atenciones. Los hospitales deberán ahora negociar con cada obra social, de manera particular, el cobro de la deuda.

En torno a lo anterior, Rallé manifestó que “por el cierre de la superintendencia de salud a nivel nacional hoy las privadas a la provincia le deben una suma de 3 mil 500 millones de pesos, al hospital de Güemes le deben más de 100 millones de pesos en prestaciones a afiliados de obras sociales privadas”.

Manifestaciones en contra

En el debate, el diputado Roque Cornejo afirmó que si bien el proyecto esta bien encaminado, debía volver a comisión para ser discutido nuevamente. Pues él no había participado de las reuniones y según su criterio “el proyecto no dice cómo llegará el dinero a los hospitales”.

Por su parte, Guillermo Durand Cornejo aseguró que no tuvo "la suerte de ser invitado por el Ministro de Salud para dialogar sobre el proyecto”.

Según su lectura, “a este proyecto le falta información, no podemos trabajar así”, mencionó sin ahondar en detalles ni razones políticas, ni crítica, y afirmó de manera contundente que “nos tiene que alarmar lo que está pasando en nuestra provincia con los afiliados a obras sociales que se atienden en los hospitales públicos. Si eso está pasando, las obras sociales están incumpliendo su acuerdo con los afiliados”, dijo sorprendido.