El Gobierno de Salta buscará declarar emergencia en el sistema de transporte

El Ejecutivo provincial tiene previsto enviar la próxima semana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sistema de transporte, en un intento por reestructurar y hacer sostenible este servicio en medio de los recortes de fondos provenientes del Gobierno Nacional.

En una reunión mantenida ayer con diputados, los ministros Ricardo Villada (Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo), Roberto Dib Ashur (Economía) y Sergio Camacho (Infraestructura), proporcionaron un panorama detallado sobre la situación económica, las obras y la relación con el Estado Nacional. En este contexto, se anticipó la intención de solicitar la declaración de emergencia.

El ministro Villada comenzó explicando la reducción de los recursos financieros provenientes de Nación, subrayando la necesidad de construir una agenda legislativa consensuada para abordar la emergencia económica y social que enfrenta la provincia.

Ante las consultas de los legisladores, Villada mencionó la posibilidad de judicializar la quita de subsidios al transporte y al fondo del incentivo docente, como una medida para garantizar los derechos de los salteños.

La declaración de emergencia permitirá revisar contratos con las empresas prestadoras del servicio, analizar tarifas, frecuencias y regular la antigüedad del parque automotor. Villada enfatizó la necesidad de encontrar un equilibrio en el sistema, reduciendo costos y optimizando las gratuidades existentes sin retirarlas por el momento.

En el trascurso de su alocución, el Ministro de Economía explicó que el Gobierno Nacional impulsa un plan ortodoxo con menos presencia del Estado y más mercado, un camino de ajuste y restricción para lograr el equilibrio fiscal, donde Salta obtuvo 17 millones de dólares menos en enero. También mencionó la baja en la actividad económica, en los salarios reales y la generación de más pobreza. 

Finalmente expresó que, "en este contexto, con gran esfuerzo lo que queremos es proteger el trabajo salteño; procurar que los sistemas de salud y educación se recientan lo menos posible; acompañar a los municipios y fijar prioridades", entre otros aspectos.
 
Sergio Camacho presentó un paneo general de las obras que se ejecutan en Salta, diferenciándolas por su fuente de financiamiento (internacional, nacional y provincial), haciendo a su vez un recuento de las que están en marcha y las que se encuentran paralizadas por la falta de envíos de fondos por parte del Gobierno nacional. En esta línea, informó a los legisladores que la deuda en concepto de obras públicas asciende a los $12.080 millones. 

El titular del Ministerio de Infraestructura aclaró que pese a que Nación suspendió el envío de recursos acordados, "hay obras que no se van a congelar ni quedarán inconclusas porque responden a necesidades básicas de los salteños como lo son la construcción del alteo del dique El Limón, viviendas, escuelas técnicas". También hizo mención a que los Centros de Desarrollo Infantil se ejecutarán con fondos provinciales y que también está asegurada la consecución de 170 obras con fondos provinciales.