"La justicia penal es un festival de encubrimiento" | Sandra Domene expuso los expedientes cajoneados y apuntó contra la cúpula fiscal

Acorralada por un cerco mediático que mezcla operaciones, datos viejos y titulares berretas que buscan desviar el foco, Sandra Domene salió a poner los puntos sobre las íes. En una explosiva aclaración pública, la madre de Lautaro Ramasco no solo desmintió un falso ataque reciente —aclarando que el episodio del bulón contra su parabrisas ocurrió en 2019 y que el violento que la amenazó ya fue condenado—, sino que apuntó directamente contra la estructura de impunidad que maneja el Ministerio Público Fiscal de Salta, exigiendo la renuncia inmediata del procurador Pedro García Castiella.

Lejos de victimizarse frente al hostigamiento que preocupa a su familia, Domene expuso con nombres, fechas y expedientes cómo operan la desidia y el encubrimiento en los tribunales salteños, transformando el dolor de una madre en una lucha frontal contra la casta judicial.

El eje central de la denuncia de Domene apunta a un modus operandi tan escandaloso como impune: la desaparición sistemática de pruebas clave en el expediente por la muerte de Lautaro. Según detalló, el entramado de irregularidades atraviesa a múltiples fiscalías que cajonean, ocultan o directamente extravían las denuncias para proteger a los imputados.

Entre los documentos evaporados de las oficinas judiciales figuran: La denuncia original por lesiones y amenazas radicada por el propio Lautaro en abril de 2024, el certificado médico oficial que constataba las agresiones sufridas en esa misma fecha y una denuncia formal presentada por Rocío Ramasco el 9 de diciembre de 2024.

Ante semejante vaciamiento probatorio, Domene interpeló directamente a la cúpula del organismo y exigió saber qué funcionarios fueron sumariados por la pérdida de estos documentos originales. Señaló con nombre y apellido a los responsables de las fiscalías que se pasan la pelota o eluden responsabilidades: Yovanovich (a cargo de lesiones y amenazas), López Soto (responsable de Graves Atentados contra las Personas) y Córdoba, el fiscal directamente asociado a la desaparición de las actuaciones.

La ruta de la protección: Vacarela, el 911 y la policía amiga

El rol de los acusados y la llamativa lentitud del sistema también quedaron bajo la lupa. Domene cuestionó que, a pesar de que el principal involucrado, Vacarela, acumulaba una causa elevada a juicio por privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas en contexto de violencia de género y cuatro hechos de desobediencia judicial, jamás fue detenido.

Los datos expuestos son lapidarios: a pesar de los reiterados incumplimientos a las restricciones de acercamiento y de los llamados al 911 donde se alertaba su ubicación exacta y hasta su indumentaria, las fuerzas de seguridad jamás actuaron. Peor aún, cuando Lautaro murió, la fiscalía omitió cargar los antecedentes del imputado, presentándolo falsamente como un ciudadano sin prontuario en el sistema acusatorio.

La complicidad institucional salta a la vista al repasar los entretelones de la investigación. Según surge del análisis del teléfono de Vacarela, el entonces subcomisario Guerra —subjefe de una unidad de investigación de graves atentados— mantenía comunicaciones recurrentes con el sospechoso y coordinaba allanamientos telefónicamente con la abogada defensora, Andrea López, evidenciando cómo se pactaban las medidas judiciales a espaldas de la legalidad.

"No reclamo despidos, reclamo que den la cara"

En su reciente paso por los despachos oficiales, donde mantuvo un encuentro con el secretario de Justicia, Javier Mónico, Domene dejó en claro que su reclamo no se limita a protestas callejeras o al uso de un megáfono frente a la Procuración. Domene exige que García Castiella asuma su responsabilidad política e institucional, inicie sumarios administrativos reales y deje de encubrir a los fiscales que vaciaron la causa.

Mientras el poder político mira para otro lado y los operadores judiciales intentan blindar sus escritorios, el grito de Sandra Domene desnuda la radiografía más cruda de la justicia salteña: un engranaje donde las pruebas desaparecen, los violentos circulan con total impunidad y a las familias solo les queda la verdad sostenida a pulso para enfrentar la desidia estatal.