El Gobierno provincial sepultó la demanda por el incentivo docente a cambio de un pacto de silencio fiscal

El Gobierno de Salta decidió desistir formalmente de las demandas judiciales que mantenía contra el Estado nacional, incluido el amparo presentado en 2024 para reclamar la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), tras firmar un convenio de compensación de obligaciones recíprocas.

La medida se da en el marco de un entendimiento fiscal donde la provincia y la Nación acordaron cruzar cuentas sobre deudas y créditos cruzados. Como resultado de este pacto, Salta quedó con una deuda remanente valuada en 265.914 millones de pesos, pero a cambio logró cerrar frentes judiciales abiertos en los tribunales federales, resignando los reclamos vinculados a la quita de partidas educativas y asistenciales.

El amparo por el FONID había sido promovido por la administración provincial en 2024, en plena tensión con la Casa Rosada por la eliminación por decreto de este fondo específico que históricamente complementaba los salarios de los docentes en todo el país. La supresión de estas partidas había generado un fuerte impacto en las cuentas provinciales y un prolongado conflicto con los gremios docentes locales.

Sin embargo, en la reconfiguración de la relación financiera con el Ejecutivo nacional, la Provincia optó por firmar un entendimiento global que implicó dar de baja tres causas judiciales en trámite. Con esta decisión, el reclamo salteño por los fondos salariales docentes quedó formalmente zanjado en la vía judicial, priorizando una renegociación de pasivos corrientes y compensaciones de deudas mutuas entre ambas jurisdicciones.

El convenio establece un esquema de compensación de obligaciones recíprocas mediante el cual se equilibraron distintos compromisos financieros pendientes, dejando un saldo deudor a favor de la Nación por los montos mencionados.

La decisión del Gobierno provincial de desistir de las demandas judiciales contra la Nación representa una preocupante claudicación en la defensa de los recursos que le corresponden a los salteños. Al firmar este entendimiento fiscal y archivar reclamos tan sensibles como el amparo por el FONID, la administración local optó por tachar de la agenda judicial los fondos destinados a sostener la educación y los salarios docentes, dejando a la provincia atada a un esquema de compensaciones que prioriza el ordenamiento financiero central por encima del bienestar y los derechos educativos de la comunidad.