Vialidad opera con el 15% de sus recursos mientras más de $1 billón duerme en plazos fijos

En medio de un brutal ajuste que dejó a las delegaciones operando con apenas el 15% de sus recursos habituales, el Sindicato de Vialidad Nacional en Salta denunció el colapso de las rutas provinciales, la paralización de obras y una situación de precariedad extrema que obliga a los propios trabajadores a costear el agua potable en los campamentos.

La crítica situación expone una paradoja alarmante: mientras corredores estratégicos y de alto tráfico como las rutas nacionales 9, 34, 50 y 51 se encuentran destruidos y sin mantenimiento, una investigación periodística reveló que más de 1 billón de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles para construir y reparar caminos permanece inmovilizado en títulos públicos y plazos fijos.

Verónica Berlasso, secretaria general del gremio de Vialidad Nacional en Salta, fue contundente al describir la asfixia presupuestaria que sufre el distrito. Según explicó, la capacidad operativa cayó a un piso histórico de entre el 14% y el 15%, imposibilitando cualquier intervención en rutas claves atravesadas diariamente por la producción, el transporte de cargas y el desarrollo de la actividad minera en la Puna.

El ajuste financiero descendió al plano más básico de supervivencia operativa. De acuerdo con la dirigente gremial, los trabajadores debieron organizarse por sus propios medios para adquirir el agua potable que consumen en las instalaciones, ante la imposibilidad de afrontar servicios básicos. A esto se le suma la detención total de obras viales, la falta de insumos de bacheo y la preocupación por la desregulación en los controles de peso de los camiones, un factor que acelera la destrucción de los pavimentos.

El malestar gremial se alinea con los datos ventilados por una investigación de balances oficiales y pedidos de acceso a la información pública, la cual determinó que el Sistema Vial Integrado (SisVial) recaudó más de $1,5 billones entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, pero apenas destinó un 26,2% a infraestructura.

Al cierre de mayo, el fideicomiso acumulaba más de $1,03 billones colocados en instrumentos financieros y cuentas corrientes en lugar de volcarse al asfalto. Ante este panorama, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz formalizó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y autoridades de Vialidad, además de impulsar un amparo colectivo radicado ante la Justicia Federal para exigir que los fondos retenidos retornen a su fin original, los cuales habrían permitido intervenir hasta 25.000 kilómetros de la red nacional.

Incertidumbre salarial y temor a nuevos despidos

En el plano laboral, la tensión se mantiene al límite. Tras el intento frustrado del Gobierno de disolver el organismo el año pasado, los trabajadores advierten que el vaciamiento continúa por vías administrativas a través de un nuevo organigrama y el impulso de nuevos retiros voluntarios. A esto se le suma una pérdida salarial histórica frente a la inflación, con sueldos congelados que rondan el millón de pesos frente a una canasta pretendida que triplica esa cifra.

Para el gremio, el desfinanciamiento y la falta de diálogo no solo representan un golpe contra la planta de trabajadores, sino una sentencia para la seguridad vial de los ciudadanos. "Cuando las rutas están destruidas, los accidentes aumentan y, lamentablemente, muchas veces se cuentan en vidas", concluyó Berlasso.