Transporte en crisis: cuestionan a Sáenz por la suspensión de servicios y advierten sobre el impacto social

La decisión de suspender los servicios nocturnos y reducir frecuencias del transporte público en Salta comenzó a generar fuertes cuestionamientos políticos y sociales.

Desde Política Obrera responsabilizaron al gobernador Gustavo Sáenz y a los empresarios del sector por una situación que, aseguran, amenaza con afectar de manera directa la vida cotidiana de miles de trabajadores y estudiantes.

El planteo surge en medio de la disputa entre SAETA y las empresas prestatarias, que reclaman una deuda cercana a los 7.000 millones de pesos. Frente a este escenario, la reducción de servicios aparece como una de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis financiera del sistema.

Desde la organización política sostienen que el ajuste no recae sobre las empresas ni sobre el Estado provincial, sino sobre los usuarios. Advierten que la eliminación de frecuencias nocturnas compromete la asistencia a clases de estudiantes terciarios y universitarios, además de generar dificultades para trabajadores de sectores que dependen de horarios extendidos, como gastronomía, hotelería, salud, seguridad y servicios de mantenimiento.

La situación también impacta en el sistema educativo. A raíz de las modificaciones en el transporte, el Ministerio de Educación dispuso adecuaciones horarias y esquemas de virtualidad para algunos establecimientos. Para el espacio, esto representa una adaptación forzada de las instituciones a una crisis que tiene origen en la gestión del servicio.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento apunta al rol de SAETA y del Estado provincial. Según señalan, el sistema ya recibe financiamiento público para cubrir distintos costos operativos, incluyendo combustible, salarios y subsidios por kilómetros recorridos. En ese contexto, consideran que la reducción de servicios constituye una transferencia del costo de la crisis hacia los usuarios.

La discusión también reabre el debate sobre el aumento del boleto aplicado meses atrás. Desde sectores opositores recuerdan que la suba fue justificada por el incremento de costos y el contexto inflacionario, mientras que los salarios de trabajadores y jubilados continúan perdiendo poder adquisitivo.

Más allá de las posiciones políticas, la medida deja en evidencia un problema que excede la discusión económica. El transporte público constituye un servicio esencial para el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vida social. La reducción de frecuencias y la suspensión de recorridos en determinados horarios no solo modifican la movilidad urbana, sino que condicionan la organización cotidiana de miles de familias salteñas.