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title: "Hacer como que se hace: el Concejo Deliberante legisla sobre temas que no controla y evade soluciones reales"
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date_published: "2026-08-13T10:00:00-03:00"
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  - "Concejo Deliberante de Salta"
  - "Laura Jorge Saravia"
author_name: "Desconexión total"
category_name: "El Tintero Legislativo"
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# Hacer como que se hace: el Concejo Deliberante legisla sobre temas que no controla y evade soluciones reales

![ljorgesaravia](/download/multimedia.normal.a586118b9a136839.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**A través de una Declaración impulsada por la concejala Laura Jorge Saravia, el cuerpo legislativo solicitó al Ministerio de Seguridad y Justicia que facilite el acceso al trámite provincial. Advirtieron que la gestión cuesta hasta $44.000 a quienes tienen tiempo para presentarlo y esperar 5 dás hábiles —frente a los $1.000 del nacional—, golpeando el bolsillo de docentes y postulantes que deben renovarlo dos veces al año.**

Durante la vigésima primera Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó una Declaración presentada por la edila **Laura Jorge Saravia** (La Libertad Avanza) dirigida al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta. La iniciativa apunta a resolver un reclamo recurrente de trabajadores, en particular del ámbito educativo, quienes deben presentar de forma periódica el certificado de antecedentes penales provinciales para acceder a horas cátedra, concursos y nuevas oportunidades laborales.

La norma fundamenta su pedido en el fuerte impacto económico que representa el trámite actual, el cual cuenta con una vigencia de apenas seis meses, obligando a los ciudadanos a abonarlo y gestionarlo en dos oportunidades anuales.

**Una brecha insólita de precios y el peso del traslado**

Al defender la iniciativa en el recinto, la concejala Saravia expuso las[asimetrías tarifarias](/contenido/10537/exigen-bajar-el-costo-y-digitalizar-el-certificado-de-antecedentes-en-salta) y las dificultades logísticas que afrontan los solicitantes en el territorio provincial:

*"El valor que tiene actualmente, por ejemplo, si lo querés en 24 horas, es de $44.000. Hemos comparado esto con el certificado de antecedentes nacionales y el valor es de $1.000"*, cuestionó la edila, evidenciando una diferencia exponencial que convierte al requisito en una carga gravosa para el empleo.

A esta erogación se le suma el factor geográfico, ya que el trámite cuenta con una escasa descentralización: actualmente solo puede gestionarse de forma presencial en las ciudades de **Capital, Metán, Tartagal y Orán**. *"No solo es el costo de este certificado, sino también el costo que implica trasladarse, porque lo debés hacer personalmente para poder gestionarlo"*, advirtió, dejando en claro que los trabajadores del interior deben sumar gastos de traslado a la tarifa del documento.

Ante este escenario, el texto aprobado por los concejales plantea dos ejes prioritarios de resolución para el Ejecutivo provincial: Implementar un sistema remoto que permita completar todo el circuito de forma online (solicitud, validación de identidad, pago de aranceles y emisión electrónica del certificado) y evaluar una reducción sustancial de las tarifas a valores lógicos y accesibles. Asimismo, se pide que —hasta tanto se logre la digitalización total— se amplíen los puntos de emisión a través de dependencias policiales o centros de atención en los **23 departamentos de la provincia**, garantizando cobertura y equidad territorial.

**¿Y ahora qué sucederá con el valor del trámite?**

Al tratarse de una **Declaración** legislativa, el instrumento legal cumple una función de pedido formal y manifestación de postura política, lo que significa que **no es de cumplimiento obligatorio** para el Ministerio de Seguridad y Justicia, sino una exhortación institucional para que revea la situación. Por lo tanto, **los altos costos y las complicaciones de traslado se mantienen vigentes** tal como hasta ahora, sin que el trámite sufra modificaciones inmediatas.

Las chances de que el Ministerio le de lugar dependen enteramente de la decisión política del Ejecutivo provincial y de la disponibilidad presupuestaria para rediseñar el sistema informático y logístico: si bien la digitalización completa y la homologación de tarifas a valores nacionales (como los $1.000 del registro federal) aliviarían drásticamente el bolsillo de los trabajadores, su implementación requiere una inversión tecnológica considerable y una reestructuración administrativa que los ministerios suelen demorar, por lo que*una respuesta favorable dependerá de la presión social y gremial que logre sostener este reclamo legislativo en la agenda pública.*

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