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title: "Ajuste en jaque: la contundente medida de fuerza que frenó la desregulación portuaria"
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date_published: "2026-08-05T09:30:00-03:00"
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author_name: "Triunfo gremial"
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category_description: "Espacio para difusión de actividades sociales, políticas, deportivas y culturales"
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# Ajuste en jaque: la contundente medida de fuerza que frenó la desregulación portuaria

**![image](/download/multimedia.miniatura.8e164dc09a1b2451.bWluaWF0dXJhLndlYnA%3D.webp)**

**La masiva e implacable organización de los trabajadores logró lo que parecía imposible: el gobierno de Javier Milei debió dar marcha atrás y suspender los efectos del polémico decreto de desregulación del servicio de practicaje en las aguas argentinas. La medida de fuerza, que paralizó por completo la actividad y mantuvo a más de 185 buques varados en los principales puertos del país, demostró la fuerza del sector gremial frente a una administración central que, acorralada por el colapso exportador y el riesgo de desabastecimiento, se vio obligada a recular y sentarse a negociar.**

El conflicto, desatado tras la firma del Decreto 690/2026 por parte del Presidente y el ministro Federico Sturzenegger, intentaba dinamitar un régimen histórico bajo la excusa de la libre competencia. Sin embargo, la respuesta de los trabajadores fue inmediata y categórica:**paralizar los puertos argentinos desde el Gran Rosario hasta la Patagonia**, *poniendo en jaque el comercio exterior y el suministro interno de combustibles.* Ante la firmeza de la protesta, el Ejecutivo tuvo que deponer su actitud intransigente, suspender la normativa y abrir una mesa de trabajo conjunta para revisar cada uno de los puntos cuestionados.

Los trabajadores que llevaron adelante la medida de fuerza son los **prácticos de puerto** (o capitanes prácticos), y se dedican a la **asistencia, conducción y asesoramiento técnico de los buques** de gran porte cuando estos deben ingresar, salir o navegar por zonas complejas, estrechas o de poca profundidad —como los canales del Río de la Plata, el Paraná y los accesos a los distintos puertos marítimos y fluviales del país—.

Su labor es fundamental e insustituible para garantizar la seguridad de la navegación: debido a su profundo conocimiento práctico de las corrientes, mareas y características locales de cada zona, suben a bordo de los barcos extranjeros o nacionales para guiar a los capitanes y evitar accidentes, encallamientos o colisiones en la infraestructura portuaria.

Con más de 45 barcos acumulados solo en el polo exportador del Gran Rosario y las terminales energéticas de CADE totalmente frenadas —poniendo en riesgo el abastecimiento de nafta y gasoil en la Patagonia—, el Gobierno quedó sin margen de maniobra. **La huelga**de los capitanes prácticos de puerto no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de un modelo económico que prioriza la confrontación sectorial, sino que **demostró que la organización gremial es la única herramienta eficaz para frenar los atropellos contra los derechos laborales y operativos.**

El entendimiento alcanzado contempla, además de la suspensión de la normativa oficial, una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. De este modo, los trabajadores lograron imponer sus condiciones, demostrando que la presión colectiva es indispensable para obligar al poder político a hacer lo correcto y defender la soberanía operativa de los puertos argentinos frente a la voracidad desreguladora.

El intento del Gobierno de desregular el servicio de practicaje a través del Decreto 690/2026 no busca beneficiar ni a la Argentina ni a los trabajadores del sector por múltiples razones estructurales, operativas y de soberanía.

Al flexibilizar los requisitos y permitir que capitanes sin conocimiento específico de la zona o incluso personal de fuerzas de seguridad realizaran tareas complejas sin la especialización adecuada, **se exponía a los ríos, canales y puertos argentinos a un riesgo altísimo de accidentes,** encallamientos de buques de gran porte y desastres ambientales de imprevisibles consecuencias.

**L****a norma busca desarmar esquemas profesionales consolidados tras décadas**, abriendo la puerta a una desregulación que precariza la labor de profesionales altamente formados, vulnerando derechos laborales y bajando estándares de seguridad en favor de una supuesta reducción de costos operativos para las grandes empresas.

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