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Imputaron a un agente penitenciario federal por suministrar droga a reclusos

A raíz de una denuncia del Servicio Penitenciario, fue sorprendido cuando ingresaba droga entre sus pertenencias a la unidad carcelaria 23 de Salta. También se lo investiga por la posible facilitación de teléfonos celulares a las personas alojadas en el complejo.

Un miembro del Servicio Penitenciario Federal, que se desempeñaba en la unidad carcelaria 23 de Salta, fue detenido e imputado por suministrar a los reclusos estupefacientes a título oneroso, delito agravado por su función pública.

La imputación penal, propuesta por el fiscal general Carlos Martín Amad de la Unidad Fiscal Salta, fue admitida por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada el martes pasado. A instancia de la fiscalía, el magistrado dispuso también la prisión preventiva del acusado, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Al presentar el caso, el fiscal Amad reveló que las actuaciones se iniciaron por una denuncia realizada desde el área legal del Complejo Penitenciario Federal NOA III, en la que se deslizó la sospecha de que el efectivo estaría implicado en la entrega de drogas a los internos, como así también de teléfonos celulares.

En vista de ello, el 18 de noviembre pasado, con la autorización judicial, se sometió al efectivo a una requisa al momento que ingresó a cumplir servicios en la unidad carcelaria federal 23, ubicada en la zona norte de la capital provincial.

Al ser informado de la medida, el mismo guardia reconoció que llevaba en su mochila un envoltorio de marihuana, como también dos teléfonos celulares, uno de los cuales identificó como de uso personal y el otro, provisto por la institución.

De acuerdo con las evidencias, el fiscal solicitó al juez que se dé por formalizada la investigación penal por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, agravado por la calidad de funcionario público del imputado, calificación legal que tiene una escala penal de 4 a 20 años de prisión.

Al referirse al hecho, el fiscal señaló que la investigación se encuentra en un estado incipiente y no se descarta la posible participación de otras personas en las maniobras, razón por la cual solicitó al juez la prisión preventiva del acusado.

Fundó su pedido en la naturaleza y gravedad del hecho, como también en los riesgos procesales latentes, entre ellos la posibilidad de fuga del acusado y especialmente el entorpecimiento de la investigación penal en curso.

Indicó, al respecto, que aún restan realizar diligencias investigativas claves para poder avanzar con el caso y solicitó autorización para llevar adelante peritajes técnicos sobre los teléfonos que fueron secuestrados.

Oposición

Desde la defensa, en tanto, no se controvirtió la acusación expuesta por la fiscalía, aunque sí se planteó la oposición a la prisión preventiva, instancia en que se especuló que la calificación legal del caso podría descender a un suministro a título gratuito.

Asimismo, se intentó minimizar la condición de funcionario público del acusado, para solicitar a cambio la aplicación de una prisión domiciliaria del efectivo, respecto al cual destacó su buen comportamiento durante el procedimiento y su falta de antecedentes penales.

Al momento de resolver los planteos, el juez Bavio compartió los argumentos esgrimidos por el fiscal respecto a la gravedad del hecho y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, puesto que es necesario despejar dudas sobre otros posibles implicados en estas maniobras.

Resaltó que la posibilidad de que el caso decante en un hecho de suministro de droga a título gratuito es poco probable, ya que la experiencia indica que esa modalidad, por lo general, es cometida por familiares o amigos de los reclusos.

Por otra parte, destacó que, ante el reclamo de cómo hacen los reclusos para obtener el estupefaciente, “aquí tenemos un caso que devela la manera” en que lo hacen, valiéndose de un integrante del Servicio Penitenciario Federal, lo cual es “grave”.

El magistrado recalcó que la institución penitenciaria federal que expuso lo que sucedía es muy celosa respecto a las inconductas de sus integrantes, ya que ello “echa por tierra el proceso de reinserción social de los internos”. Así, dio por formalizada la investigación penal en los términos requeridos por la fiscalía.




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