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El electroshock como respuesta a la violencia de género

La concejala capitalina Romina Arroyo propuso dotar a víctimas de este flagelo de armas eléctricas inmovilizantes, desconociendo la política nacional de desarme y las consecuencias sociales aparejadas con el armamento de la sociedad civil. 

Por Natalia Fernández

Esta semana la concejala Romina Arroyo copó los titulares en los medios tras plantear en el Cuerpo Deliberativo que el Ministerio de Seguridad dote de un “kit de seguridad” a las mujeres víctimas de violencia de género. Dicho arsenal incluiría, entre otras cosas, pistolas eléctricas inmovilizadoras. Fue repudiado por organizaciones feministas.

En la sesión del Concejo Deliberante del miércoles pasado, Romina Arroyo propuso que el Ministerio de Seguridad brinde armas a las mujeres víctimas de violencia. Aseguró que las mujeres ya cuentan con kits que incluyen gas pimienta o armas que realizan descargas eléctricas (como picanas) y que los obtienen de internet. 

La propuesta de la edil se encuentra por fuera de la legislación nacional y los tratados internacionales firmados por Argentina que tienden a una política de desarme de la población civil. En este sentido es menester aclarar que la ley 26.216, conocida como Ley de Desarme, hace exclusiva referencia a las armas de fuego puesto que su sanción fue en 2007, cuando las armas eléctricas inmovilizadoras no ocupaban un lugar en el debate público. De hecho, fue en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se autorizó a las fuerzas de seguridad a utilizar este tipo de armamento, pero tras la asunción de Alberto Fernández la normativa fue vetada. 

Es curioso, cuanto menos, que Arroyo haya hecho referencia a la necesidad de la implementación de un “plan serio y acorde” para combatir la violencia de género y al mismo tiempo propusiera armar a mujeres. Esto en dos sentidos, por un lado, porque al otorgar armas a la población civil el Estado se deslinda de su responsabilidad de garantizar una vida libre y sin violencia, dejando en potestad de las víctimas la custodia de su seguridad. Y por otro lado, porque las estadísticas indican que el uso de armas de parte de la sociedad civil aumentan los índices de inseguridad. 

Las estadísticas sobre el uso de armas de fuego en Argentina, y el mundo, demuestran que dotar a la población civil de armamento no genera mayor seguridad, sino por el contrario se registran mayores asaltos con armas, mayores accidentes domésticos y un número mayor de la utilización de armas para la resolución de conflictos familiares y vecinales. En Argentina, el 52% de las veces que se dispara un arma se debe a discusiones o conflictos intrafamiliares y sólo un 10% de las veces es en ocasión de robo. Incluso el abogado Juan Pablo Bento señaló en sus redes sociales que “En EE.UU un estudio del Boston Children’s Hospital y la Universidad de Harvard en 2015 indica que los asaltos con armas de fuego son 6,8 veces más comunes en los estados con niveles más altos de posesión de armas que en los que tienen menos”. En definitiva, portar un arma no da mayor seguridad, sino por el contrario aumenta la inseguridad existente.

En enero de 2019, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que la supuesta menor letalidad del uso de armas Taser sólo estaba vinculada si éstas eran utilizadas en las mismas situaciones en las que se utilizaría un arma de fuego, sin embargo, basados en la idea de que son menos letales el uso que se hace de ellas es indiscriminado, provocando tasas de mortalidad mayores que las producidas por armas de fuego. 

En este sentido, cabe destacar que el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas desaconsejó su utilización en dispositivos de privación de libertad, como las cárceles, puesto que no dejan marcas y pueden ser utilizadas como elemento de tortura. 

Dotar de armas a la población no sólo va en contra de la normativa nacional sino que expone a mayores peligros a la sociedad civil, especialmente si se tiene en cuenta el alto número de mujeres víctimas de violencia de género que tienen a sus hijos a su cargo. En estos casos, los accidentes domésticos representan un peligro más para niños, niñas y adolescentes que requieren la protección del Estado. De ninguna manera el electroshock puede ser una política de Estado y mucho menos estar sujeto a las decisiones de la población civil.  

 




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