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¡NO NOS CALLAMOS MÁS!

Una de las consignas históricas del movimiento feminista se hizo carne en las escuelas salteñas cuando las y los estudiantes decidieron denunciar los abusos de los que son víctimas. 

Por Natalia Fernández

Estudiantes de distintas escuelas salteñas comenzaron a denunciar múltiples casos de acoso sexual contra estudiantes. La denuncia realizada por alumnos del colegio 11 de Septiembre permitió que estudiantes de otras escuelas pudieran tomar la voz y exponer que atraviesan situaciones similares. Uno de los docentes fue imputado por Grooming y otros cinco fueron apartados de los cargos que ejercían en diversas instituciones. Además el Ministro de Educación, Matías Cánepa, procedió a remover de sus cargos a los directivos que no dieron curso a las denuncias que habían realizado las víctimas.

No es ningún secreto que las y los adolescentes irrumpieron en el escenario político y expusieron su propia agenda. Con mucha fuerza, especialmente desde la discusión por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018, comenzaron a exigir que se diera cumplimiento a la ley de Educación Sexual Integral, como así también a la ley 26.877 que les permite organizarse sindicalmente en centros de estudiantes autónomos. 

Pese al rechazo de sectores conservadores el dictado de Educación Sexual Integral permitió que las niñas y adolescentes pudieran identificar las situaciones de acoso o abuso y hacer las denuncias correspondientes. De hecho, la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, dijo a la Nación que es mediante las clases de ESI y el proyecto Tomo la Palabra, que se generaron los espacios para que las estudiantes pudieran hablar. 

No son nuevos los casos de docentes que acosan o abusan de estudiantes, este mismo año hubo al menos 4 docentes sentenciados por estos delitos. La importancia de lo ocurrido con las denuncias y manifestaciones realizadas por estudiantes y sus padres es que deja de estar naturalizado, incluso cuando la respuesta de parte de las autoridades, que deben velar por el bien del estudiantado, es revictimizante (como ocurrió en el colegio 11 de Septiembre).

El temor a no ser escuchadas, a que no les crean o a sufrir represalias comienza a socavarse, especialmente cuando las y los adolescentes reciben el apoyo de la comunidad en general. 

Por último, cabe destacar la importancia de que se dé cumplimiento a los protocolos establecidos, puesto que desde el Ministerio de Educación informaron que mediante la resolución 546D se estableció un Protocolo de Intervención ante situaciones de Maltrato Infantil, Abuso Sexual, y Violencia de Género en espacios educativos, que obliga a docentes, administrativos y personal de maestranza a denunciar las situaciones de violencia de las que tuvieren conocimiento.




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