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A 12 años de la “Ley de Medios” los oligopolios se expanden

Si bien la ley reconoce el acceso a la información como un derecho las modificaciones hechas por Mauricio Macri consolidan los oligopolios de la información.

Por Natalia Fernández

El 10 de octubre de 2009 fue promulgada la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tras largas jornadas de debate, finalmente la ley que reemplazó la normativa establecida durante la última dictadura en Argentina entró en vigencia.

Tras la sanción de la ley, mediante acciones judiciales el Grupo Clarín trató de impugnar la aplicación de los artículos 41,45, 48 y 161, orientados a evitar la concentración de licencias, tanto a la obtención como a la regulación sobre éstas. En 2013 la Corte Suprema de Justicia falló a favor del Estado Nacional, determinando la constitucionalidad de dichos artículos. 

En 2015, tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri, fueron limitadas las competencias de la ley mediante dos decretos presidenciales, precisamente aquellos puntos que el Grupo Clarín intentó impugnar mediante la justicia. El Poder Ejecutivo transfirió las competencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) al nuevo Ministerio de Comunicaciones e intervino por 180 días la AFSCA y la AFTIC (órgano de aplicación de la ley Argentina Digital) y removió a sus autoridades, posteriormente, a través del DNU 267/17 disolvió ambos organismos y en su lugar creó un nuevo órgano, el ENACOM, en el que el gobierno puede designar a 5 de los 7 directores, como así también removerlos. Este DNU redujo los límites a la concentración de las licencias de radiodifusión, extendió por 15 años las ya concedidas, suprimió las limitaciones a las prórrogas y derogó la limitación para la transferencia de licencias. Mediante el mismo DNU fue modificada la Ley Argentina Digital, sobre telecomunicaciones, permitiendo que la TV por cable sea regido por el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

De esta manera, las operadoras pueden tener más de 24 licencias para brindar televisión para cable o del 35% de los abonados de una región o del país que les limitaba la LSCA. También se abolió la obligación de emitir una señal propia, pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla de señales, como así también se terminó con la disposición que obligaba a los cableros a incluir señales producidas por otros.

Además, las telefónicas fueron habilitadas a brindar TV por cable, algo de lo que originalmente estaban excluidas en la LSCA por tratarse de un servicio público

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron la decisión de modificar ambas normativas, como así también la vía utilizada para hacerlo. “Todas estas medidas favorecen la creación y consolidación de monopolios en perjuicio de la diversidad y el pluralismo y afectan los derechos tanto de las audiencias como de las organizaciones y grupos que gestionan medios de comunicación sin fines de lucro”, alertaron. 

En junio de 2018, el gobierno de Macri permitió que el Grupo Clarín comprara Telecom. De esta manera, se consolidó el mayor oligopolio de las telecomunicaciones, que concentró la transmisión de contenidos audiovisuales y los datos, como así también la telefonía móvil y fija. 

A 12 años de la ley

A doce años de la promulgación de la ley y tras dos años del nuevo gobierno, los artículos modificados por decreto aún no fueron reestablecidos, o al menos discutidos en el Congreso. De hecho, en una entrevista a C5N, el presidente Alberto Fernández aseguró: “Lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar las voces y para eso hay un montón de remedios que no necesitan una Ley de Medios. La defensa de la competencia, la defensa del consumidor son mecanismos que permiten multiplicar voces”. 

En este sentido, adujo que “Los medios nunca van a aceptar que son un negocio y por lo tanto tienen intereses económicos que los representan. Está bueno que además eso se explicite de otro modo para tratar de alcanzar la verdad”.

Si bien desde la Defensoría del Público se llevan adelante diversas audiencias para avanzar en una reforma de la ley, aún no hay respuestas sobre la pérdida de espacios radiofónicos o televisivos de instituciones como las universidades públicas o las radios comunitarias, especialmente las campesinas e indígenas. 




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