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Piden medidas concretas para regularizar la situación dominial de familias rurales en Salta

Diputados dio media sanción al proyecto que propone prorrogar la Ley 7.658 relacionada a situación dominial para pequeños productores y familias rurales de la Provincia. El proyecto fue girado al Senado y contiene modificaciones como el plazo para informes del ejecutivo y previsión de presupuesto.

La primera propuesta fue la de prorrogar el art. 9° referente a suspender por dos 2 años, a partir del 31 de diciembre de 2021, las ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.

Éste punto de la Ley recibió más de tres prórrogas anteriores desde que fue promulgada en 2010. Una década después la situación dominial de campesinos y criollos, sobre todo del interior de la provincia, no parece haber tenido solución. Se conoció el último caso en Rivadavia donde interviene la familia Macri en disputa con campesinos de la zona. 

Este hecho y otros fueron tomados de ejemplo por los legisladores que pidieron avanzar en el articulado de la Ley. «No solo trata el artículo 9, son 10 artículos; la ley trata de brindar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y en su caso de propiedad de tierras en la que ellos habitaron y habitan», expresó Ramón Villa del Departamento de Rivadavia y autor del proyecto.

«El Articulo 2 es el más importante y no se hizo absolutamente nada», puntualizando sobre la asistencia y asesoramiento jurídico para campesinos. «En esto es que debería estar presente el Estado, el Gobierno, a este programa acompañarlo con abogados, asistentes sociales, agrimensores, para ver cuál es la tierra que ocupan. Ojalá que este gobierno lleve adelante esta ley y que de acá a dos años no tengamos que volver a prorrogar el artículo 9».

Por su parte Franco Hernández, de San Martin, destacó la importancia de facultar la derivación de una partida presupuestaria para llevar adelante un relevamiento de las comunidades criollas. «Nosotros tenemos que prever la acción del poder ejecutivo facilitando partidas presupuestarias para que puedan hacer un relevamiento técnico, jurídico y catastral para las familias criollas y rurales», mencionando como antecedente la Ley 26.160, sancionada en 2006 y que lleva a cabo el relevamiento de pueblos indígenas. «No solamente se relevaron, sino que cuando termina el procedimiento se les otorga una carpeta a cada comunidad indígena donde se hace constatar y se reconoce la ocupación tradicional, pública y consolidada en el tiempo y pacífica de esa comunidad».

Pedro Sández de Anta, es uno de los que dejará su banca a fin de año, por lo que expresó su preocupación por el interés de los legisladores siguientes. «Hemos logrado hacer este parche en la ley, pero todavía desde que se sacó no se tomó una actitud para decir que sea definitiva», pidiendo medidas concretas de avance.

Con la Conformidad de Diputados de la Comisión de Justicia, de Hacienda y Presupuesto, y de Legislación General de Diputados, y votos a favor del cuerpo, se giró el proyecto al Senado.




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