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#BastaDeEsterilizacionesForzadas, el clamor de las personas con discapacidad

En Argentina la ley avala que se realicen prácticas de contracepción quirúrgica a personas con discapacidad sin su consentimiento. Movimientos y organizaciones sociales exigen la modificación de la ley.

Por Natalia Fernández

En octubre del año pasado comenzó la campaña #BastaDeEsterilizacionesForzadas que busca visibilizar una de las violencias la que son sometidas las personas con discapacidad, en especial las mujeres, en nuestro país. Desde las organizaciones y movimientos sociales que bregan por los derechos de las personas con discapacidad exigen la modificación de los artículos 2 y 3 de la ley 26.130, del Régimen de Contracepción Quirúrgica, promulgada en 2006, que habilita esta práctica. El 1 de julio de este año, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que los modifica.

A pesar que la ley 26.130 establece como requisito el consentimiento informado, las mujeres con discapacidad son la excepción. Muchas de ellas acceden a las prácticas con información sesgada y la decisión recae sobre familiares, personas que tengan la tutela o incluso la justicia. 

Desde la campaña #BastaDeEsterilizacionesForzadas denunciaron que los artículos 2 y 3 de ley del Régimen de Contracepción Quirúrgica son violatorios de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRDP), a la que Argentina adhiere desde el 2008 y tiene rango constitucional desde el 2014, ya que otorga a los familiares, personas que tenga la tutela, o incluso la misma justicia, la potestad de imponer la práctica por sobre el deseo de la persona intervenida. 

El artículo 23, punto 2, de la CRDP dispone que: “Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos”. Es decir, que el Estado argentino está obligado a respetar y asegurar el derecho al hogar y a la familia de las personas con discapacidad. Además, de forma particular para las personas con discapacidad mental, la ley 26.657, relativa a la protección de la Salud Mental, en su artículo 1 garantiza: “El pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

En Argentina, un informe presentado por La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), junto con la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos (FAICA), y la subdirectora de Accesibilidad y Derechos de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe, Gabriela Bruno, develó que 1 de cada 10 mujeres en nuestro país es una mujer con discapacidad, de las cuales sólo el 30% cuenta con el certificado de discapacidad. Además, expone que el 10% de las mujeres con discapacidad no tiene obra social, cobertura prepaga, ni plan estatal de salud.

Esta iniciativa surgió de la movilización de las mujeres con discapacidad por sus derechos, en particular de una serie de espacios de intercambios de conocimientos y experiencias y movilización que fueron coordinados por REDI en 2018. Allí, las mujeres con discapacidad identificaron a las esterilizaciones forzadas como un punto de especial preocupación y como una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos”, relató Sofía Minieri, coordinadora de proyectos sobre derechos de las mujeres con discapacidad en REDI, a El Destape. 

Situación en Salta

El informe realizado por la periodista Bernardita Ponce Mora para El Tribuno da cuenta de la situación de las personas institucionalizadas en el Hospital de Salud Mental, Miguel Ragone.  La ley de Salud Mental establece que la institucionalización de las personas debe ser el último recurso al que apelar, y que ésta, en ningún caso, puede aplicarse a situaciones de vulnerabilidad social. Aún así muchas mujeres permanecen institucionalizadas porque no existen los dispositivos en la comunidad necesarios para garantizar y sostener su externalización. 

En el informe, la periodista revela una multiplicidad de derechos vulnerados a las personas allí institucionalizadas. Entre ellos los de los derechos sexuales y reproductivos. “En general, esto les sucede a las que tienen alguna discapacidad, que son vistas como mujeres débiles, asexuadas o aniñadas.”, expuso la periodista. 

Allí se explica que las salas de varones y mujeres fueron aisladas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por lo que una mujer no pudo ver a su pareja durante el 2019, a pesar de que también se encuentra institucionalizado en el nosocomio. Desde la flexibilización de las actividades sólo se les permite verse una vez por semana. 

A nivel institucional no existe una política para que las personas que transitan muchos años de sus vidas allí ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos en espacios donde tengan privacidad, higiene y cuidado.”, alertó Ponce Mora. 

Una de las denuncias realizadas por la estrella del pop Britney Spears en su declaración ante la jueza Brenda Penny, en la que solicitó el cese de la tutela que recae sobre ella, es la del impedimento de maternar que le imponen sus cuidadores al impedirle retirarse el DIU que tiene. La planificación familiar y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos les son negados a las mujeres con discapacidad, especialmente las tuteladas, en distintos puntos del globo y Argentina, y Salta en particular, no son la excepción. 

Estas prácticas son básicamente la constatación de que ni tu deseo ni tu cuerpo te pertenecen. Que cualquier persona puede decidir por vos y eso es algo que ocurrió por los siglos de los siglos en la discapacidad”, reflexionó, en el Destape, Laura Alcaide, activista femiDisca y miembro de Orgullo Disca y periodismo femiDisca.




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