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Jury a la defensora oficial Rosa Díaz | Entre el hermetismo y la impunidad

A puertas cerradas y con mucho hermetismo, el juicio contra la defensora oficial de Tartagal Rosa Díaz acusada por el desvío de donaciones para las comunidades vulnerables e incumplimiento de funciones con más de 400 casos archivados, culminó su cuarta jornada y retomará las audiencias el lunes por la mañana. Las primeras declaraciones, informes y evidencias podrían ser material para el análisis de un nuevo juicio.

En el salón del tribunal electoral, desde el martes 22, se lleva a cabo el juicio contra la defensora oficial Civil 1 Rosa Fabiola Díaz, doblemente acusada por estar involucrada en el incumplimiento de funciones desactivando más de 400 causas de personas vulnerables desde el 2018 y, junto a su hermana la concejal Paola Díaz, involucrada en el desvío de donaciones para las comunidades originarias. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados retomará la audiencia de debate el lunes por la mañana.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano y está integrado por el Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el Senador Jorge Pablo Soto, designado por la mayoría de la Cámara de Senadores; la Senadora María Silvina Abilés, designada por la primera minoría de la Cámara de Senadores; la Diputada Alejandra Beatriz Navarro, designada por la primera minoría de la Cámara de Diputados y Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores.

No participaron el Diputado Esteban Amat Lacroix, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados, como consecuencia de encontrarse aislados por contacto estrecho con el caso positivo de COVID-19 de Ignacio Jarsún, vicepresidente primero de la Cámara Baja.

Al interior de las puertas cerradas

No se conocen detalles de lo que ocurre en el desarrollo del Jury, ya que al igual que lo que ocurre en otro juicio controversial que trascendió al interés nacional como es el el caso contra el cura Rosa Torino, la participación de la prensa y el acceso a las víctimas, damnificados y público en general, está restringido.

El Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, en diálogo con El Tintero Radio, expresó que se presentó una nota para solicitar se provea de un soporte o un registro de todas las declaraciones testimoniales que se produjeron para difundir lo que allí sucede. «Para todos la transparencia es el mayor respaldo que hay, sobre todo para el Tribunal, para solidificar cualquier decisión que pueda tomar a la hora de dictar sentencia», afirmó en contacto telefónico.

García Castiella resaltó que para el juicio es importante destacar la gravedad de lo que significó el abandono de las funciones que la doctora Rosa Díaz confesó bajo argumentaciones y que la declaración de los cuatro testigos provenientes de Tartagal fueron fundamentales.

El Defensor General de la Provincia también explicó el tenor de las denuncias que suscitaron en el juicio político contra Diaz explicando que las denuncias habían llegado a mitad del 2020.

Un caso concreto es el de Jacoba Olarte, una mujer en estado de extrema vulnerabilidad de Zanja Honda en General Mosconi, quien había denunciado a la Defensora por hacerla suscribir documentos que permitieron generar un ardid para usurpar una vivienda en J.V. González cuyo beneficiario sería concuñado de la defensora. Y una segunda denuncia se realizó cuando Luis Véliz dio a conocer diversos expedientes archivados desde el 2018.

Otra de las personas en declarar fue Sandra Díaz, hermana de la defensora oficial y la concejal Paola Díaz, quién las acusó de administración fraudulenta de donaciones ajenas que eran destinadas a personas vulnerables en el municipio.

Ante el tribunal Sandra Díaz dijo haber sido denunciada por su hermana la defensora oficial por violencia, tanto en Capital como en Tartagal, y ofreció documentación respaldaría de sus dichos, como así también su teléfono celular para que se realicen capturas de pantallas respectivas de los mensajes recibidos.

La doble acusación

La Defensora Oficial Civil 1 Rosa Fabiola Díaz se encuentra suspendida en sus funciones desde el 28 de abril pasado. Contra ella hay dos acusaciones. Por una parte, el Defensor Oficial de la Provincia, Pedro García Castiella, le atribuye las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Luego de que Díaz fuera suspendida en sus funciones, fue designado en su reemplazo el Defensor multifuero de Embarcación, Luis Véliz, quien puso en conocimiento la existencia de carpetas sin que se hubiera iniciado trámite alguno. Tras un inventario se confirmó la existencia de 403 casos presuntamente sin tramitar y correspondientes a los años 2014- 2020. Y del período 2017 a 2020 se observaron 262 casos en condiciones de iniciarse oportunamente, pero sin haberlo hecho.

Entre las causas sin iniciar se encuentran acciones de cuidado personal, peticiones de guarda judicial, tutela, restricción de la capacidad, medidas de protección, pedidos de alimentos o su ejecución de ya regulados, interdictos de recobrar posesión, promociones de divorcio unilateral y bilateral, peticiones de inscripción de nacimiento, defunción, rectificación de partidas, juicios por cobro de pesos, informaciones sumarias, filiación, de régimen de comunicación, impugnaciones a la paternidad, juicios sucesorios, de intervenciones en expedientes de violencia familiar, juicios laborales, medidas autosatisfactivas, pedidos de desalojos, entre muchos otros que consigna la acusación del Defensor Oficial de la Provincia.

El Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo también acusa a Rosa Díaz, en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Rosa Díaz también denunciada junto a Paola Alejandra Díaz (concejala del municipio Tartagal) por su hermana, Sandra Díaz por tener acopiado en el inmueble de propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado) en villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, donaciones efectuadas por fundaciones y organizaciones intermedias; las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (miembros de la comunidades wichi), eran comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.




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