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¿Quién mató a Jimena Salas? | Sin responsables y dos Procuradores en la mira

Los jueces del Tribunal determinaron absolver por la aplicación del principio in dubio pro reo al albañil y vendedor ambulante Sergio Vargas y al gerente regional de Garbarino y ex concubino de Jimena Salas, Nicolás Cajal Gaufín. Las demoras del fiscal López Viñals hoy juez de corte. Las imputaciones y la premura del Procurador, Abel Cornejo, por resolver el crimen.

Por Andrea Sztychmasjter

Las réplicas y contraréplicas -de uno de los juicios que quedará en la historia de Salta- realizadas por fiscales y por la defensa de ambos imputados, apenas horas antes que se dicte el veredicto de los jueces, Federico Diez, Javier Armiñana y Francisco Mascarello, la semana pasada, reflejaron que desde el inicio de la investigación hubo intereses políticos que apresuraron los malos resultados; pues a más de cuatro años no se pudo determinar quién mató a Jimena Salas.

Procurador II vs Abogado

Antes de la sentencia, la fiscala Ana Inés Odorisio se refirió a los alegatos del abogado defensor de Cajal, Pedro Arancibia, y realizó un ejercicio estadístico al señalar que Arancibia sólo había ocupado un 30% para su defensa y el otro 70%, según sus cálculos, para atacar al Procurador. “Fue un espacio que él mismo (P. Arancibia) utilizó aprovechando la difusión pública de esta instancia para traer a colación sus rencillas personales con el Procurador General de la provincia. Aprovechando la ocasión para ensuciar la imagen de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal”. La fiscala definió que esto estaba fuera de las “reglas de ética”.

Odorisio se refería a los intercambios de público conocimiento que habían protagonizado Arancibia y el Procurador Cornejo respecto al cambio intempestivo, de acusar a Cajal de ser encubridor en el asesinato de la madre de sus hijas y a las fuertes críticas que hiciera el letrado sobre las apreciaciones que Cornejo realizaba públicamente, como el hecho de resaltar la cremación del cuerpo a los pocos días del asesinato. Arancibia había expresado que “Cajal pasó de ser la víctima al primer sospechoso absurdamente, sin ninguna prueba, al igual que Sergio Vargas, también detenido en calidad de autor partícipe necesario y sin pruebas firmes”.

Por otro lado, el letrado había criticado al procurador general, señalando que sumarió y removió a los anteriores fiscales y “luego puso dos más que tampoco le hicieron caso, y que terminaron siendo trasladados a fiscalías del interior, hasta que consiguió dos súbditos que le hicieron honor a sus caprichos”. Había apuntado también contra el Ministerio Público Fiscal y dijo que “todos entendemos que el Ministerio debería proteger a la población entera y solo llevar a juicio a quienes tengan pruebas sobre algún delito y no hacerlo ‘por las dudas’”.

Arancibia había llamado la atención al juez de Garantías 5, de las apreciaciones del Procurador así como de la información oficial que el sitio de Fiscales penales de Salta difundía sobre el caso. El direccionamiento y parcialidad de lo publicado por la web del Ministerio Público quedó evidenciado también durante el transcurso del juicio al difundir títulos tendenciosos y datos que solamente avalaban las acusaciones de fiscales.

Durante los alegatos, Arancibia también se refirió a las responsabilidades del Procurador frente a la envergadura del caso, pues quedan sobradas muestras que detrás del terrible femicidio, hoy impune, la incompetencia en Salta para resolver crímenes se viene convirtiendo en moneda corriente. Dejar sin culpables los asesinatos de mujeres se ha convertido en la regla y no en la excepción en estas tierras norteñas.

Derecho de defensa: Argumentos

Durante los alegatos el abogado Pedro Arancibia se refirió a la argumentación ilógica sobre la que estuvo formada la hipótesis de fiscalía. Señaló que la acusación fiscal se basó sobre la información de la “brillante idea” de personal de la División homicidios, que llamativamente no fueron llamados a declarar durante el juicio y aseguró que se realizaron serias falacias argumentativas.

El letrado también se refirió al dispendio, gasto y desgaste que produjo la infructuosa investigación y el juicio, y al apuro fiscal frente al cumplimiento de los tiempos procesales. “No sé si estamos aquí por convicción”, se preguntó Arancibia al recordar las declaraciones del fiscal Ramos Ossorio.

Señaló además que más allá de la tarea de la Fiscalía existe una responsabilidad del sistema judicial en su conjunto. Puesto que es el Juzgado de Garantías, en su función natural, quien debe realizar un escrutinio estricto para determinar la elevación a juicio de una causa. “No se puede permitir que a cualquier persona se la impute y se la lleve a juicio. Los jueces de garantías no deben ser simples  homologadores de fiscales”, sostuvo Arancibia.

En ese sentido volvió a hacer hincapié en la figura del director de fiscales y señaló la arbitrariedad y sensacionalismo de Abel Cornejo y resaltó su “animosidad y temeridad desde el principio de su gestión”. Describió el abogado que era menester que la sociedad sepa de las circunstancias procesales y extraprocesales. Y recordó las publicaciones que realizara el procurador respecto a la participación de Cajal, llegando incluso a comparar el caso con el García Belsunce. “Se buscó una figura penal para que alimente el morbo de la opinión pública”, dijo Arancibia.

Las pruebas fiscales contra el gerente

Para sostener su acusación contra Cajal, la fiscala recordó las pruebas genéticas presentadas que determinaron la presencia de dos perfiles genéticos masculinos en la vivienda y el recorrido que habrían realizado hasta el maletín donde supuestamente también dejaron marcas los asesinos: “No estamos haciendo suposiciones ni imaginando por donde caminaron”, señaló Odorisio al referirse a esto. Respecto a las pruebas odorologicas con perros realizadas sobre el maletín la representante del Ministerio Público Fiscal dijo: “Nos va a decir que los perros forman parte de este complot en contra suyo y de su defendido. Dice el señor defensor que los perros no pudieron determinar qué había ni cuánto había. Ósea que está pretendiendo una prueba irrealizable que los perros puedan contar dinero”, señaló. Odorisio agregó que Arancibia había recurrido a “grandes mentiras” para presentar su defensa.

La fiscalía aseveraba que el gerente regional de Garbarino tenía en su vivienda un maletín con divisas y/o estupefacientes que los asesinos de Jimena Salas se robaron. Lxs fiscales aseguran que la mataron para robarse el maletín aunque solamente entraron a la vivienda, sacaron lo que había adentro y dejaron el bolso con sus marcas. Toda esta construcción que realizaron los investigadores policiales y que sostienen lxs fiscales se basan en pericias genéticas de unas manchas de sangre que los femicidas dejaron en el maletín y en la casa, dos perfiles genéticos no identificados y en un ejercicio realizado con perros entrenados que concluyeron que en el maletín en algún momento hubo dinero y /o estupefacientes-.

“Antes de buscar al perro nos metieron el perro”

Hubo muchas suposiciones e interpretaciones sobre el equipo de abogados que defendió a Sergio Vargas, representado por el reconocido abogado Marcelo Arancibia -quien aseguró que se estaba retirando de su profesión- y Luciano Romano junto a Marcos Rubinovich. Las dudas que se instalaran alrededor de quién o quienes realmente pagaban la defensa de Vargas así como la relación familiar que tienen los defensores de Cajal y Vargas, también apuntaron a dejar sospechas. Antes del juicio y luego del cambio de posible querellante a la imputación de Cajal Gauffín fue el propio Arancibia quien declaró que la sangre para los árabes no era solamente agua, sosteniendo la importancia del lazo familiar y la defensa a su sobrino.

Más allá de las suposiciones que deslizaban que detrás del equipo de abogados que defendieron a Vargas existían personas poderosas que se hacían cargo de los honorarios. Lo cierto es que el Estado deberá pagar una indemnización por haberlo tenido dos años detenido.

Marcelo Arancibia se mostró con mucha cautela al realizar los alegatos y las contraréplicas. El experimentado abogado eligió con mucha precisión las palabras que empleó para defender a Vargas y en varios apartados hizo alusión al “sentido común” de una causa que nadie negó sea compleja.

A diferencia de fiscales no se mostró prepotente al exponer su discurso. Al responder al fiscal Ramiro Ramos Ossorio sobre la imputación hacia Vargas, Arancibia recordó que a más de 4 años, el perro no apareció así como tampoco el auto que hacen mención ni mucho menos los que ofrecieron el perro. Apuntó así directamente a los auxiliares de justicia y las pruebas poco serias que le presentaron y que creyeron lxs fiscales. “Antes de buscar al perro nos metieron el perro”, dijo.

Las convergencias

Arancibia se refirió también al término empleado por el fiscal Ossorio en referencia según indicó el representante del Ministerio Fiscal, a concebir una causa integral. “El concepto de convergencias, ese término no me cabe duda pertenece a la intelectualidad de él y de alguna otra persona que está siempre interesada en delitos transnacionales, en el cartel de Colombia y de Medellín”, describió Arancibia de forma irónica. Describió que en ningún momento se pudo determinar “¿a quién?” Vargas había marcado la casa de Jimena Salas, refiriéndose a que no se identificó al o los autores materiales y/o intelectuales.

Señaló que no existían pruebas claras ni certezas y que la Fiscalía solo sostenía indicios para las imputaciones. Al término de su discurso Arancibia apeló a su buena memoria y recitó un fragmento del escrito de Calderón de la Barca con el que hizo alusión a su defendido:

«Ay mísero de mí, y ay infelice!
Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así,
qué delito cometí
contra vosotros naciendo.
Aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido”.

Al finalizar Arancibia resaltó que esperaba que los jueces sean justos y no se demuestre así que el peor pecado de Vargas sea haber nacido.

Procurador I vs Arancibia

Al principio de la investigación el abogado de Cajal también había apuntado contra el entonces procurador hoy juez de Corte, Pablo López Viñals, por demorar diligencias importantes para la causa. “El Ministerio Público Fiscal, en cabeza del procurador general Pablo López Viñals, ha sido incapaz de generar desde hace un tiempo los correspondientes convenios con las distintas empresas de telefonía para que aporten en determinadas situaciones excepcionales, como en casos complejos de resolver, información clave para resolver la causa”, sostenía el abogado.

“Por ello criticamos también la ineficiencia y demora el Ministerio Público y del procurador Pablo López Viñals por no tener resuelto este tipo de situaciones que ya deberían estar previstas y en éstos casos el paso del tiempo resulta determinante para resolver el caso”.

Fue el procurador Viñals quien solicitó al Poder Ejecutivo que se disponga una recompensa para quien aporte datos certeros respecto al crimen, ordenó que se realice una intervención conjunta entre el fiscal penal Pablo Paz con el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix; ordenó que el teléfono celular de Jimena Salas, que fuera encontrado roto, fuera remitido al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ordenó el pedido de las imágenes de más de 20 domos del Centro de Video Vigilancia que nunca aparecieron. Las diligencias tampoco pudieron determinar fehacientemente el hecho y la pregunta que continúa dando vueltas: ¿Quién mató a Jimena Salas?




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