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Más de 1.750.000 mujeres no reciben las cuotas alimentarias de sus hijes

3 de cada 10 madres no convive con el padre de sus hijos,  solo 1 de cada 4 de ellas cuenta con el ingreso de la cuota alimentaria que corresponde.

Por Natalia Fernández

En Argentina, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Economía Igualdad y Género, el 69% de las personas en situación de pobreza son mujeres. Además el INDEC reveló que el 57,7% de niños, niñas y adolescentes son pobres. A estos datos, que se encuentran estrechamente relacionados, es necesario sumar que según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) el 97,7% de niños, niñas y adolescentes viven con sus madres.

Tal como se expuso en la nota “Más de un millón y medio de mujeres perdieron su trabajo durante el ASPO”, los hogares monomarentales fueron los que más sufrieron el impacto de la recesión económica producida por la pandemia de CoVid-19. A la crisis económica mundial debe sumarse una de las violencias más invisibilizadas, la económica y patrimonial. 

La ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 5° define la violencia económica y patrimonial como aquella que “se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer”. Esta violencia se ejerce contra las mujeres y sus hijos cuando se priva a los segundos del pago de la cuota alimentaria. 

En nuestro país, según el informe de CIPPEC, 3 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos/as. Sólo una de cada cuatro de ellas cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria. A pesar que la legislación nacional establece que es obligación de ambos padres alimentar, educar, vestir y criar a los hijos, la realidad dista mucho de esto y la exigencia del pago de la cuota alimentaria suele judicializarse o no hacerse, en desmedro de la economía de las mujeres y afectando la calidad de vidad de sus hijos. 

Mariana Gras, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres durante el gobierno de Cristina Fernández y dirigenta del partido Identidad, dijo en Para Ti que esta problemática afecta a casi 1.755.000 mujeres en Argentina y planteó que es necesario que exista una justicia con perspectiva de género “que entienda que cada expediente de una cuota alimentaria que no se cumple, es una madre que se hace cargo de una tarea que no le corresponde hacerlo sola, y de un niño o una niña que no está teniendo corresponsablidad de parte de los padres ni acceso a la dignidad que les corresponde a cada uno de ellos”. 

Por otro lado, la referenta expuso en Télam, que la judicialización de los casos implican un proceso engorroso y costoso, que muchas veces significa realizar un pago de honorarios en abogados superior al monto de la cuota alimentaria que obtienen. De hecho, el costo mínimo establecido por el Colegio de Abogados de Salta es de dos cuotas alimentarias. 

Por último, de los 770 expedientes en el registro de deudores alimentarios de Salta, el 98,3% es de hombres que no cumplen con esta obligación. Aunque se supone que el objetivo del registro es desalentar la mora, resulta ineficienta ya que no afecta en ninguna otra manera a los deudores, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, como el municipio de Quilmes, donde no se le permite a los deudores obtener la licencia de conducir. 

El pago de la cuota alimentaria implica respetar el derecho de los niños, niñas y adolescentes. No hacerlo es una forma de violencia que no sólo afecta su calidad de vida y los priva de ser cuidados por ambos padres sino también limita las posibilidades de tener un desarrollo pleno de ellos y de sus madres, sus principales cuidadoras.

 




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