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La unidad de delitos económicos complejos, en casos poco complejos

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó este miércoles a seis personas, por la comisión del delito de defraudación a la administración pública. Cuatro de ellos son empleados municipales.

Ayer se libraron órdenes de allanamiento y detención para seis personas acusadas de sustraer gasoil de la municipalidad de Salta para luego comercializarla. Cuatro son choferes municipales y los otros 2 son los encargados de extraer, almacenar y vender el combustible en una casa del macrocentro salteño.

La operación contó con un gran despliegue de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF. Y llegado este punto, la pregunta obligada aunque quizás de obvia respuesta es ¿Por qué no se emplea siquiera la mitad de ahínco y velocidad para delitos verdaderamente graves y ‘complejos’?

Los salteños seguimos sin novedades sobre el caso de las facturas truchas durante la gestión municipal del hoy gobernador Gustavo Sáenz. Fueron maniobras irregulares tendientes por un lado a evadir impuestos y por el otro, a pagar a contratistas por trabajos no realizados, actos éstos en perjuicio de la Municipalidad por no menos de 40 millones de pesos.

Otro caso, presentado justamente ante Delitos Complejos en la época de Guillermo Akemeier, fue el de los gastos reservados del Concejo Deliberante, en la época de Tomas Rodríguez como presidente del cuerpo e Isa en la intendencia. Allí la justicia tampoco dió respuestas.

En definitiva, la unidad de delitos económicos complejos resuelve casos cada vez menos complejos. El hilo se corta por lo más fino.



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