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Un nuevo cargo para los amigos del poder: Defensor de niños, niñas y adolescentes

Que son necesarias políticas públicas para las infancias y también funcionarios que velen por sus derechos, no caben dudas. Pero la solución parece no pasar de lo superficial: ayer un ministerio de la primera infancia, hoy un defensor de niños nombrado por la mayoría oficialista.

En el acta de Labor Parlamentaria de este martes figura un proyecto que propone «adherir a los principios y disposiciones previstas en la Ley Nacional 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Crear la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes».

Su artículo 3 señala que el Defensor será «propuesto, designado y removido por la Legislatura Provincial, quien designará una Comisión Bicameral integrada por diez miembros, respetando la proporción en la representación política».

En tanto que su artículo 4 dice: «El Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes percibirá una remuneración equiparable a la de un Juez o Procurador de la Provincia; y los Adjuntos a la remuneración que perciben los Asesores Letrados».

Las genéricas funciones de este nuevo cargo podrían resumirse en una persona más dentro del Estado para hacer lo que más de 500 altos funcionarios, entre los 3 poderes provinciales y municipales, no vienen haciendo correctamente: «velar por los intereses de niños, niñas y adolescentes». Una tarea difícil para una persona que estará tan condicionada por la propia legislatura ¿denunciará este defensor los malos resultados de los centros Conin, por ejemplo? ¿La falta de recursos en la educación y la salud de los niños?

Lo concreto es que la ley nacional 26.061, sin dudas fue progresiva y aborda una problemática muy acuciante. Pero en lugar de abordarla desde una política seria, planificada, en lo primero que se piensa es en un cargo, porque lo demás, al parecer, puede esperar.




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