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Vacunas | Declamaciones, violación de derechos y oportunismo partidario

El 19 de febrero el periodista Horacio Verbitsky reconoció públicamente que fue vacunado contra el CoVid-19 luego de haberse comunicado con el Ministerio de Salud. Como consecuencia, Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro Ginés González García, quien ese mismo día presentó y publicó, a través de sus redes sociales, su dimisión. La acción, cual efecto dominó, desplegó respuestas en cadena en distintos puntos del país. En Salta derivó en investigaciones judiciales.

Por Natalia Fernández

Tras las declaraciones del “Perro” Verbitsky distintos sectores de la política empezaron a exigir la publicación de los datos de quienes habían sido inmunizados contra el SARS-CoV 2 como medida probatoria de la existencia de un “vacunatorio vip” gestionado por el Ministerio de Salud. Desde el Partido Obrero hasta el PRO, pasando por algunos movimientos peronistas, se aunaron en el reclamo.

La repercusión nacional hizo que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, anunciara la publicación de la lista de personas que fueron vacunadas. También se dio a conocer que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la CABA, habría entregado dosis a las obras sociales Swiss Medical y OSDE, para que sean administradas a sus afiliados.

Apenas asumió su cargo, la ministra de salud, Carla Vizzotti, publicó la lista de personalidades que se habrían vacunado en el Hospital Posadas sin haber solicitado turno o no estar incluidos en los grupos de riesgo. Además, a través del Monitor Público de Vacunación, difundió la cantidad de dosis enviadas a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el registro de las que ya fueron aplicadas.

En Argentina, la ley 26.529, de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, establece en el artículo 1°, inciso d, que “el paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente”.

Además, en el artículo 14 aclara que el paciente es el titular de su historia clínica y en el 15, inciso f, declara que forma parte de la historia clínica “todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas”.

Por lo tanto, la difusión de listas que incluyan personas que accedieron a la vacunación según los criterios establecidos por el gobierno nacional representa una violación a los derechos de los pacientes.

Situación en Salta

El jueves 25 de febrero el Ministerio Público Fiscal de la provincia informó que inició investigaciones por la posible administración irregular de 50 dosis de vacunas Sputnik V, ya que dicha gestión no fue informada a las autoridades del MPF ni al Servicio Médico del Ministerio Público.

Esto derivó en la imputación del jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Dilmar Villagrán. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Villagrán por la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal y en carácter de autor.

Según se desprende de la investigación, las vacunas fueron distribuidas el 4 de febrero entre el personal del CIF, según el criterio de Villagrán. Además, los inoculados no cumplirían con los criterios de prioridad epidemiológicos y de esquema de prioridades diseñado para la aplicación de la vacuna.

Esa misma tarde, el Ministerio Público Fiscal de Nación dio a conocer que el fiscal federal Ricardo Toranzos inició una investigación preliminar por la administración irregular de vacunas Sputnik V en la provincia, por lo que requirió informes a los organismos involucrados en la distribución y aplicación de las dosis, como así también la conformación de los protocolos y prioridades.

La investigación inició de oficio luego de que la fiscalía tomara conocimiento de la situación a través de la difusión de planteos públicos.

Por último, luego que trascendiera que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Salta fueron vacunados contra el CoVid-19, el Poder Judicial emitió un comunicado desmintiendo tal información y aseguraron que se requirió al Ministerio de Salud información sobre las vacunas que habrían sido destinadas al organismo.

En este contexto, donde la salud de todos los miembros de un país está en jaque, es menester que los poderes del Estado accionen según su competencia para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para paliar la pandemia y no mediante declamaciones infundadas en redes sociales o presentaciones legislativas que avasallan derechos.




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