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El presupuesto salteño augura la profundización de la violencia de género

Lejos de incluir partidas acordes a la problemática que azota a la provincia, el Ejecutivo otorgó partidas mínimas a los programas de asistencia a las víctimas.

Por Natalia Fernández

Históricamente Salta encabezó el top 5 en las provincias con los índices más altos de violencia de género en el país. Lejos de programar una política que tienda a la erradicación de la violencia de género, el presupuesto provincial apunta a la profundización de este flagelo social. Las partidas asignadas a los programas existentes son irrisorias y no se planificaron políticas tendientes a disminuir la brecha salarial y la desigualdad del acceso al trabajo.

Mientras a nivel nacional se busca erradicar la desigualdad entre varones y mujeres con acciones concretas y la institucionalización de políticas públicas y presupuestos públicos incorporando la perspectiva de género, en la provincia de Salta ni siquiera se hizo mención de la problemática en el presupuesto 2021.

Ya en la conformación de la estructura provincial, en 2019, no se dio ningún mandato a los Ministerios de Economía y Trabajo para planificar y presupuestar acciones concretas orientadas a erradicar la discriminación por género, que no sólo se traduce en una brecha salarial que supera el 20% (a nivel nacional) y se profundiza en trabajos no registrados, sino también en las dificultades que tienen las mujeres para acceder a puestos laborales o ascender en ellos.

De hecho, en el mensaje del presupuesto enviado a la legislatura provincial se menciona la pobreza y el desempleo como situaciones que enfrenta la economía nacional, sin hacer hincapié en el contexto provincial, cuyas tasas de desempleo superan el 10% según los datos propiciados por el INDEC, sino que tampoco enfatizan en las dificultades que enfrentan las mujeres a la hora de acceder a un trabajo, especialmente cuando son madres, y el nivel de precarización que enfrentan, lo que las lleva a estar sobrerepresentadas en los deciles más bajos de ingreso.

En la política de gastos presentada por el Ejecutivo provincial tampoco se menciona un ítem específico sobre políticas destinadas a erradicar la violencia de género en la provincia. Incluso en aquellos Ministerios destinados a brindar asistencia a mujeres en situación de violencia de género no hay programas financiados para tal fin.

En la sesión extraordinaria del 15 de diciembre, en la que se trató la ley de Presupuesto, la diputada Silvia Varg, del bloque Salta Tiene Futuro, cuestionó que el presupuesto no se haya realizado “con enfoque de género, como instrumento de transformación de la sociedad”.

“Estamos hablando de la obligación que tiene el Estado de cumplir con las leyes vigentes en la materia, de protección de las mujeres, compromisos asumidos por la Argentina cuyo cumplimiento no puede ser omitido por la provincia de Salta”, recordó la legisladora en la sesión y cuestionó que ni en el texto del proyecto ni en las planillas anexas se establezca con claridad la partida presupuestaria para erradicar la desigualdad de género.

PARTIDAS ASIGNADAS

El presupuesto provincial prevé $116.667 para financiar el Programa de Atención a las Víctimas, $500.000 para la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad, $250.000 para el Programa de Intervención con Agresores y $8.592.000 para Asistencia y Acompañamiento a Víctimas de Delitos, cabe destacar que a excepción de las Agencia de las Mujeres, Diversidad y Género, los programas financiados no son de asistencia exclusiva para víctimas de violencia género.

En el marco de las formaciones en género que debe brindar el Estado, dada la adhesión a la Ley Micaela, la provincia estableció para el ejercicio 2021 un presupuesto de $250.000 para el Programa de Capacitación Obligatoria de Géneros, es decir $20.833 por mes para capacitar a todos los trabajadores de los tres poderes del Estado.

Tal como señaló la diputada Silvia Varg, “los programas que versan sobre esta problemática tienen partidas presupuestarias mínimas, irrisorias, que a todas luces dificultarán su ejecución y lejos del discurso políticamente correcto carece de una información desagregada sobre asignaciones de partidas que nos permitan analizar si la distribución del gasto se elabora con un criterio transversal de género, de acuerdo a las necesidades actuales”.




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