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Vertedero

Ambiente | La basura bajo la alfombra

La gestión de la política ambiental municipal es factible entenderla si observamos los cambios producidos en el gabinete del intendente Sáenz. Esto se explica porque en cualquier administración, la llegada y salida de funcionarios se explica por factores de poder.

En este sentido, la renuncia de Federico Casas, y la llegada de Gastón Galíndez a la municipalidad, es una demostración de cómo esta área de gobierno paso de manos de un tecnócrata a un relacionista público.

Galíndez y Sáenz

Típicamente la salida de Casas fue explicada por “motivos personales”, pero el hervidero de notas periodísticas sobre el tema querían vincularlo a dos altibajos de su gestión.

Se decía que Casas salía señalado por haber hecho pagos indebidos a 2 empresas particulares (para limpiar el canal oeste y cortar césped en la Av. Patrón Costas) cuando esas actividades correspondían, por contrato, que las realice Agrotécnica Fueguina.

Esta hipótesis, aunque basada en hechos reales, no fue la verdadera causa: la salida de Casas responde al fracaso total de su gestión, víctima de las disputas de poder en torno al contrato de la higiene urbana.

El fracaso de Casas

Se pueden realizar varias observaciones en los dos años en que Casas estuvo en la municipalidad, pero si hay algo que reconocerle, es que tuvo el mérito de negociar las condiciones de prórroga del contrato con Agrotécnica Fueguina.

El primer año de gobierno de Sáenz estuvo marcado por estas negociaciones. En octubre de 2016, vencía el contrato, y podía prorrogarse por otros cuatro años más.

El tema más candente en la negociación fueron las actividades en el vertedero San Javier, largamente señaladas como deficientes, y de las que Sáenz tuvo que reconocer que le preocupaban. Es por eso que el 1 de octubre se anunció la prórroga del contrato, condicionada a que la empresa presentara en treinta días una propuesta para el saneamiento y construcción de una nueva trinchera.

A fines de diciembre se anunció la prórroga definitiva, y aquí es donde Casas tuvo un papel destacado. Había conseguido que la empresa se obligue a construir un nuevo módulo para verter los residuos, y por primera vez se iba a utilizar una geomembrana para impermeabilizar el suelo; además, la empresa debía conseguir las certificaciones de normas ISO 90001: 2015, y 14001:2015; introducir lombrices californianas para reducir el impacto de los residuos orgánicos; reemplazar al sistema de tratamiento de lixiviados por osmosis inversa; utilizar el barrido de calles para cobertura final; mejorar el sistema de reciclaje; y permitir que la Universidad Nacional de Salta se convierta en una suerte de auditora de las actividades.

Pero nada de estas mejoras quedaron en pie, luego de que el Tribunal de Cuentas, en abril de 2017, objetara este contrato, señalando que la compra de la geomembrana correspondía imputarse a la empresa, y no a la municipalidad, como habían estipulado en el contrato.

Sáenz tuvo que derogar el convenio en junio de 2017 y aquí comenzó la debacle de la gestión de Casas.

En agosto de 2017, vecinos de zona sudeste presentaron un amparo judicial contra la municipalidad y la empresa, señalando que las actividades del vertedero afectaban la salud de los vecinos, y contaminaban el ambiente. Por esta acción, el 16 de enero de 2018 se celebró una audiencia en el poder judicial, y el fracaso de la gestión de Casas fue expuesto ante los ojos de los vecinos y la prensa.

Sin ningún logro en su haber, Casas renunció dos días después.




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