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Periodistas Autoconvocados de Salta exigimos a Urtubey libertad de expresión y del ejercicio periodístico

Quienes pertenecemos a los medios de comunicación vemos con creciente preocupación la violencia institucional frente a quienes ejercemos el derecho a informar como profesión.

Nosotros, TRABAJADORES/AS DE PRENSA, repudiamos los hechos sucedidos a nuestra colega Natalia Fernández, violentada por la Policía de Salta el 12 de enero en San Luis y Córdoba, mientras efectuaba la cobertura periodística de un procedimiento policial que se desarrollaba para evitar que la hinchada de Juventud Antoniana -que realizaban un “banderazo” por los 103 años del club- llegara al centro de la ciudad.

Reconocemos que cada uno de los hechos se enmarcan en la reiterada animosidad del actual gobierno nacional frente a los trabajadores de prensa; de igual modo el gobierno provincial y municipal, confundiendo la función crítica del periodismo con acciones de oposición política al punto de utilizar a su fuerza represiva contra nuestra actividad laboral.

De esa percepción distorsionada se derivan conductas que se traducen en medidas de gobierno cuya rígida aplicación anulan derechos y garantías de la Constitución. En un sistema democrático el Estado, antes que amenazar o recortar la libertad de prensa y el pluralismo informativo, debe garantizar y respetar integralmente a ambos, contemplados en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

La reiterada violencia institucional hacia los/as trabajadores/as, lesiona gravemente la libertad de prensa, la que, al estar sometida a condicionamientos del poder político, pasa a la categoría de “libertad vigilada”. Así, el derecho a requerir, recibir y a difundir información referida a los fundamentos de las decisiones de actos de gobierno y al manejo de los fondos públicos, queda sensiblemente mutilado.

Una serie de hechos acumulados en los últimos años, autoriza a señalar que el gobierno de Juan Manuel Urtubey no es una excepción en ésta tendencia a imponer restricciones y criterios discriminatorios, persecutorios, de exclusión y represión que impiden la normal realización de nuestro trabajo.

Asimismo, entendemos que el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, también son responsables políticos del accionar policial.

Por ello, los Periodistas Autoconvocados de Salta exigimos: Libertad de Expresión y el Respeto a las Garantías Constitucionales.




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