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Bonaerense

PepsiCo, un trago amargo

El cierre de una fuente de trabajo decidido por PepsiCo con el apoyo activo de Macri y Vidal. Las sinrazones de la empresa, sucesivas mentiras. Complicidad de Bullrich. Todo lo que debió hacer Triaca y dejó de lado. La represión brutal y ensalzada. Algo sobre el impacto social de un despido tan masivo.

 

La mayoría de las personas empleadas en la planta de PepsiCo en Vicente López son mujeres. Es muy frecuente en la industria alimentaria, que suele ser mano de obra intensiva. Todo cambia, siempre hay avances tecnológicos. No obstante,  esa rama fabril conserva muchas condiciones laborales del taylorismo: plantas con número grande de personal, líneas de producción, labor monótona y repetitiva, lapsos brevísimos para comer o ir al baño, compromiso corporal que se traduce en daños físicos y enfermedades profesionales.

Más de seiscientas personas fueron echadas por designio patronal.

En 2014 otra multinacional de gran porte, la gráfica Donneley, acudió al subterfugio de pedir su propia quiebra para dejar de producir en la Argentina. La legislación y los tribunales comerciales, diseñados para servir a las empresas, le facilitaron la labor. La lucha de los trabajadores y cierto apoyo estatal coadyuvaron a que se formara una cooperativa de trabajo. La legislatura bonaerense ordenó la expropiación. Tal vez medió un milagro de San Cayetano: la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no vetó la ley, dejando de lado por una vez su costumbre o vicio de impedir la supervivencia de las empresas recuperadas.

PepsiCo está impedida de manejarse como Donneley porque es tan próspera dentro de la Argentina como en el resto del mundo: tiene otras fábricas en este suelo. No puede partir y dejar un tendal.

Fundó el cierre en causas imprecisas, gánicas: “compleja estructura de costos”, “ubicación en un área residencial”.

En  su segunda falacia anunció que todos los laburantes encontrarían conchabo en la planta de Mar del Plata. Hubiera sido un problema y un abuso patronal del llamado “ius variandi”: derecho a cambiar de modo razonable y no lesivo las condiciones de trabajo. Compeler a centenares de familias a mudarse 400 kilómetros, re afincarse, buscar colegio para los hijos, separar a las parejas que laburan hubieran sido alguna de las derivaciones más perjudiciales y evidentes. Las ahorraron al sincerarse y reconocer que cerraban las puertas y despedían. Nadie fue reinstalado en La Feliz.

Se fabuló que Mar del Plata quedaba más cerca de los lugares en los que se cultiva papa, insumo imprescindible para uno de sus tantos productos muy vendidos. Como informó este diario, PepsiCo importa papas desde Chile, en cantidades que crecieron exponencialmente en 2016 y 2017. Incluso hay bolsas que presentan el snack como made in Chile

El  sindicato fue concesivo por demás. El ex Secretario General de la CGT y actual del gremio, Rodolfo Daer, consideró un triunfo haber “conseguido” lo que PepsiCo ofertó de movida: una indemnización duplicada para quienes se avinieran.

 

Y pegue, Heidi, pegue: Las cifras sobre las transacciones son aproximadas porque se firmaron en distintos estudios contratados por la patronal y no en el ministerio de Trabajo.

Más de cien trabajadores no la aceptaron, se movilizaron, tomaron la fábrica.

PepsiCo sacó de la galera una denuncia por riesgo ambiental,  que se habría suscitado como por encanto: de improviso, tras muchos años de actividad ininterrumpida. La jueza Andrea Rodríguez Mentasty  le dio cabida al reclamo, el fiscal Gastón Larramendi ordenó un desalojo manu militari.

La Policía Bonaerense protagonizó un operativo bélico, sin intentar mecanismos de negociación. Se produjeron incidentes. Los uniformados reprimieron a los ocupantes, a los cronistas y fotógrafos que cubrían el acontecimiento. Desmantelaron un campamento que había afuera, le pasaron literalmente por encima quienes lo ocupaban pacíficamente (de nuevo, mayormente mujeres), rompieron con saña tenaz instalaciones de la fábrica.

Arrojaron gases y balas de goma, repartieron palos con ecuanimidad: a cualquiera que quedara a su alcance.

Hubo policías, trabajadores y militantes heridos. Los gases pimienta afectaron y aterraron a alumnos de un jardín de infantes y de una escuela primaria cercanos.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par bonaerense Cristian Ritondo lamentaron solo a los heridos uniformados. Ni por los chicos o las maestras tuvieron compasión. Alegaron que estaban cumpliendo la Ley, un mandato de la Justicia (en su modo verbal, usaron mayúsculas, le juro).

La Sala VI de la Cámara Laboral emitió el único pronunciamiento judicial sensato. Ordenó, como medida cautelar en el juicio “Gómez Leandro y otro c/PepsiCo de Argentina”, la reincorporación de un conjunto de empleados que la habían requerido. El fallo, bien fundado, se basa en que no se cumplió el Procedimiento de Crisis.

El Centro de Información Judicial, que regentea la Corte Suprema de Justicia, fue fiel a su jurisprudencia anti obrera y anti sindical: ni siquiera publicó la sentencia.

Para quien quiera ampliar su información se recomiendan dos notas: la del periodista Fernando Rosso en el portal Anfibia (previa a la represión) y la de la colega Adriana Meyer, en Página 12 de anteayer.




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