La Justicia tumbó el “permiso exprés” de Metalnor y dejó en offside a la gestión Yolanda Vega

Sobre la ruta provincia 26, ya en municipio de Cerrillos, se instaló en muy poco tiempo una planta que, por la actividad que pretende desarrollar, debería estar en el Parque Industrial de Salta, pero, como en la gestión de la hoy diputada nacional Yolanda Vega, todo fue opaco, la empresa de la familia Yovi logró instalarse pese a la resistencia de vecinos de Pinares 1 y 2 y barrio Los Crespones, aunque la zona de influencia también afecta a Los Paraísos, Las Tunas y La Isla.

En Pinares no fue solo protesta, fue pulseada y hasta persecución a una de las vecinas que organizaba al resto. Esta vez, la Justicia inclinó la balanza para el lado de los vecinos, con un fallo que declara la nulidad del certificado de aptitud ambiental, la planta de fundición de metales ferrosos que pretendía funcionar en plena zona habitada quedó, en los hechos, paralizada.

Sin ese papel, clave para cualquier actividad industria, no hay funcionamiento posible. Lo demás es relato, pero el dato que pica no es solo el freno judicial, sino cómo apareció ese permiso.

El Tintero dialogó con la abogada María Fernanda Guillén, representante junto a su padre Oscar, de los vecinos y, según sus palabras, el certificado “salió después de iniciada la demanda” y con una estructura que hace ruido: una sola hoja, sin dictamen técnico, sin respaldo.

El reciente fallo judicial le da la razón a ese planteo y deja expuesta una práctica conocida en la política criolla: los papeles que aparecen cuando el conflicto ya explotó.

La letrada Guillén, apuntó además que en la zona "hay escuelas, centro de salud, jardín maternal, comercios y gran cantidad de personas con discapacidades: epilepsia, síndrome de Down, retraso mental, ceguera, autismo, etc.".

Además, agregó que uno de los artilugios de la empresa Metalúrgica Integral S.A. era que daba puestos de trabajo. "Para los que dicen que daban trabajo a todas las familias de la zona: 50 personas de 55.000 es apenas 0,09%", refutó con claridad.

Un barrio vulnerable, una industria pesada

El proyecto no apuntaba a un descampado ni a un parque industrial, apuntaba a un barrio con alta densidad poblacional, viviendas del IPV y una comunidad atravesada por situaciones de vulnerabilidad: personas con discapacidad, problemas respiratorios y trastornos del espectro autista y otras condiciones de salud documentadas en el expediente.

Ahí, en ese contexto, se pretendía instalar una fundición que generaba humo, partículas e influía en el impacto ambiental. Todo al lado de casas donde el sistema llega con lo justo.

Por eso la reacción vecinal no fue tibia: cortes, marchas, autoconvocados, reuniones con dirigentes. Aun así, la obra avanzó sin permisos, en una postal que se repite demasiado: primero se construye, después se pregunta.

De la desprolijidad al fallo

La causa también tiene su interna técnica. Hubo intentos judiciales previos que no prosperaron. Recién en 2023, con una nueva estrategia y representantes legales, el reclamo tomó forma. Y fue en ese momento, cuando apareció el famoso certificado, emitido durante la gestión de Yolanda Vega, hoy diputada nacional que vota todos los proyectos del gobierno de Milei.

El resultado es más que un tecnicismo: es un límite, porque no se trata solo de un papel mal hecho, sino de qué tipo de controles existen cuando se habilitan actividades potencialmente contaminantes.

Lo que viene

El fallo no clausura definitivamente el proyecto, pero lo deja en terapia intensiva. Sin habilitación ambiental válida, no hay planta, y cualquier intento de reactivarla tendrá que pasar por los carriles formales, con estudios, dictámenes y exposición pública. Mientras tanto, los vecinos ganaron algo más que un expediente: ganaron tiempo, aire y salud.