“Inhabilidad moral” | Malvina Gareca presiona por la expulsión de Casasola tras las denuncias de violencia

La concejal Malvina Gareca, referente del bloque Impulso Colectivo y firme defensora de los derechos de las mujeres, ratificó su postura frente a la denuncia por violencia de género que pesa sobre el edil libertario Maximiliano Casasola. 

Tras la activación de la Comisión de Disciplina y Juicio Político, Gareca fue contundente: la permanencia de figuras denunciadas por violencia lesiona la integridad del cuerpo legislativo y requiere una sanción ejemplar. “Desde un principio manifesté que no podemos tener este tipo de personajes en el Concejo Deliberante”, expresó la concejal, confirmando que la Comisión ya solicitó formalmente las actuaciones a la Fiscalía.

“Desde un principio manifesté que no podemos tener este tipo de personajes en el Concejo Deliberante”

Gareca subrayó que, más allá de los plazos judiciales, el Concejo posee herramientas propias para juzgar la conducta de sus pares. “La normativa nos habilita a aplicar sanciones cuando consideramos que hay algún tipo de inhabilidad moral para ejercer el cargo”, sentenció, dejando en claro que la ética legislativa debe estar por encima de los fueros.

Sin embargo, la concejal fue más allá de la coyuntura y planteó una reforma estructural. Ante la lentitud de los tiempos judiciales, sugirió como posible alternativa, que la próxima reforma de la Carta Municipal incluya mecanismos específicos para abordar casos de violencia de género. El objetivo es evitar que los procesos se dilaten y que los denunciados permanezcan en sus bancas durante mandatos enteros mientras las víctimas esperan justicia.

“Es un buen momento para prever estas situaciones que no se resuelven rápidamente”, señaló.

Finalmente, la concejal recordó el antecedente de Pablo López, a quien el cuerpo ya logró expulsar en su momento, marcando una línea de coherencia que ahora pesa sobre Casasola. Con el crudo testimonio de la víctima sobre una relación abusiva de 10 años, Gareca lidera la postura de que el Concejo no debe ser un refugio de impunidad, sino un espacio que garantice que quienes legislan cumplan con los valores de respeto y seguridad que la sociedad demanda.