Comisión de Juicio Político por el caso Casasola ¿Justicia real o un nuevo espectáculo de impunidad?

Este viernes, a partir de las 16:00, se reunirá la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial del Concejo Deliberante para analizar la situación del concejal libertario Maximiliano Casasola. Tras la denuncia por violencia de género en su contra, el cuerpo legislativo —presidido por Darío Madile e integrado por los jefes de bloque— deberá decidir si avanza con sanciones o si, una vez más, apuesta al archivo y al olvido.

El reglamento es claro en su artículo 58 sobre las facultades de esta comisión para juzgar la conducta de sus miembros. Sin embargo, la memoria institucional de Salta genera un escepticismo lógico. No sirve de nada montar el escenario de un juicio político, con toda la pompa institucional que eso implica, si después los mecanismos de control terminan siendo una puerta giratoria.

El antecedente más fresco y vergonzoso es el de Pablo López. El exconcejal, también del espacio libertario, fue protagonista de escándalos que terminaron en procesos similares, pero la falta de determinación política permitió que estas figuras sigan circulando por el recinto como si nada hubiera pasado. Si el Concejo no aplica sanciones ejemplares y definitivas, estas reuniones de comisión no son más que un trámite administrativo para "limpiar la imagen" ante la prensa, mientras se mantiene a los denunciados cobrando sueldos públicos.

La sociedad salteña, y especialmente las víctimas de violencia, esperan que esta vez la Comisión de Juicio Político no sea un simple simulacro. De poco valen los discursos de ética y responsabilidad patrimonial si, al final del día, los concejales priorizan el corporativismo por sobre la decencia mínima que exige representar a los vecinos de la ciudad. El caso Casasola es la oportunidad para demostrar si el Concejo realmente tiene dientes o si es apenas un club de amigos donde todo se perdona.