La maniobra de Presti que reabre la puerta de las Fuerzas Armadas a la política

El nombramiento del teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa no sólo abrió una pelea silenciosa dentro de las Fuerzas Armadas. También encendió todas las alarmas en el tablero democrático: por primera vez desde el retorno constitucional, un ministro del área pretende seguir siendo militar en actividad gracias a una figura jurídica estirada al límite, mientras se debilita uno de los consensos básicos de derechos humanos: la subordinación real, y no apenas formal, de los uniformados al poder civil.

Según reveló LPO, Presti decidió no soltar el uniforme y forzar una especie de “doble rol”: ser, al mismo tiempo, general en actividad y ministro político. Para eso, se apoyó en una interpretación ad hoc de la ley que denomina “estado de disponibilidad”, una categoría que, en la práctica cotidiana de la fuerza, no tiene nada que ver con ocupar un ministerio.

Un militar en actividad lo explicó con todas las letras. “Estás en disponibilidad cuando volvés de un destino en el exterior y no tenés destino asignado. También cuando te dan el alta médica y la fuerza te asigna un destino a partir de febrero. No hay gente en disponibilidad cumpliendo una función”. Es decir: la disponibilidad es una suerte de limbo administrativo entre un destino y otro, con plazo y controles. No es una alfombra roja para entrar al gabinete.

El mismo militar agrega un dato clave. “Si estás en actividad, la figura sería en comisión. Además, cuando estás en disponibilidad dependés del director de personal y tiene un plazo de un año, sino te vas a tu casa”.

La jugada de Presti, avalada por el gobierno de Javier Milei, reinterpreta esa figura como si fuera un pase libre: el Ejército seguiría pagándole el sueldo como militar en actividad, mientras al mismo tiempo, conduciría el Ministerio de Defensa. Una especie de “dos por uno” institucional que borra la línea entre la cadena de mando militar y la función política.

Para justificarlo, se preparó un documento interno –al que accedió LPO– que intenta blindar jurídicamente el experimento apelando a la Constitución Nacional, la ley de Defensa y la ley de Ministerios. El texto afirma que el ministro de Defensa ejerce “funciones de naturaleza militar institucional” y que su cargo “está directamente vinculado a la actividad militar”, por lo que no caería en el supuesto de funciones ajenas previsto en el artículo 38 de la Ley 19.101.

La conclusión es tan conveniente como polémica. “No corresponde el pase a disponibilidad ni a retiro del militar designado (…) En consecuencia, el Teniente General Carlos Alberto Presti puede ser designado Ministro de Defensa permaneciendo en actividad”.

Cuando el uniforme entra al gabinete, la democracia pierde terreno

En el resto de las fuerzas, sin embargo, lo que domina no es la épica jurídica sino el malestar. Voces militares consultadas por LPO insisten. “No está previsto que un oficial en actividad ocupe un ministerio. Ahora cualquier decreto que firme Presti politizará a las Fuerzas Armadas. Por eso preferimos que sea un militar retirado”.

La frase no es menor: cada firma, cada decisión administrativa, cada conflicto presupuestario podría arrastrar a las fuerzas hacia el barro de la disputa político-partidaria. Y eso, en un país con la memoria abierta del terrorismo de Estado, no es un detalle técnico, es un problema de derechos humanos.

Desde 1983, el gran pacto democrático –impulsado por el Nunca Más y consolidado por décadas de trabajo de los organismos de derechos humanos– se construyó sobre una premisa básica: los militares afuera de la política, subordinados al poder civil y alejados de cualquier tentación de tutelar la vida institucional. Con avances y retrocesos, esa frontera simbólica se defendió a través de leyes, juicios y una cultura democrática que entendió que mezclar uniforme y poder político no es neutro: es peligroso.

La decisión de Milei y de su mesa chica de instalar un “ministro de Defensa de uniforme” va en dirección contraria a ese consenso. Un militar lo dice sin rodeos. “Milei y la hermana quieren un ministro de defensa de uniforme pero eso no implica que inventen figuras que no corresponden”.

La creación de un atajo jurídico para sostener a Presti en actividad no es apenas una discusión de abogados, es un movimiento que reconfigura la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas, y habilita un regreso en cuotas de los militares al corazón de las decisiones civiles.

Una operación política con riesgo de boomerang

Otra voz desde el Ejército lo resume con crudeza. “El ejército ahora quiere a Presti en actividad, viéndolo como un triunfo, pero no se dan cuenta de que cuando no le den plata, colapsará. Hay una operación montada para sostener el relato del general de uniforme en el gabinete, lo cual es peligroso porque mete de vuelta al ejército en la política”.

El análisis es brutal y realista, mientras la foto del general-ministro sirva para marcar un gesto de autoridad hacia adentro de la tropa y hacia la base electoral más dura del mileísmo, todo parecerá ordenado. Pero cuando choquen las necesidades presupuestarias (armamento, aviones, modernización, crisis del IOSFA) con el ajuste permanente que propone el gobierno, el fusible va a ser el mismo que hoy celebran: Presti.

Y la historia argentina ya tiene antecedentes de ese tipo de desgaste. Como advierten dentro de la fuerza, “si no le dan plata para las fuerzas armadas, para resolver todos los problemas de IOSFA o comprar armamento o aviones, terminará repudiado por todos como pasó con Balza”. Es decir: un general que entra como solución mágica al frente de Defensa puede salir por la puerta de atrás como chivo expiatorio de un fracaso que es, en realidad, político y económico.

“Si el ministro de Salud estuviera en disponibilidad en Galeno, sería un escándalo. Cuando ejercés la función pública tenés que romper lazos con tu actividad”. Ese razonamiento vale doble cuando se trata de Fuerzas Armadas en un país atravesado por la memoria del terrorismo de Estado.

El principio de separación, imparcialidad y control civil no es una delicadeza académica: es una condición de posibilidad para que los compromisos de verdad, justicia y nunca más no se conviertan en letra muerta mientras se reabre, de hecho, la puerta a la militarización de decisiones sensibles.

Un ministro de Defensa en uniforme, todavía dentro de la cadena de mandos y cobrando como militar de actividad, es exactamente lo contrario a la desmilitarización de la política que la democracia argentina construyó con décadas de esfuerzo. La maniobra del “estado de disponibilidad” luce, en este contexto, como un traje jurídico a medida para satisfacer el deseo presidencial de exhibir autoridad castrense, aunque eso implique desarmar, por la vía reglamentaria, una conquista histórica de derechos humanos.