Unión por la Patria acusa al gobernador de crear una estructura paraestatal para espiar a la oposición

A través de un escrito de dos páginas, denunciaron a Gustavo Sáenz, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial Salteños. Les acusan de "usurpación de Funciones exclusivas y excluyentes de la Justicia Federal y el Ministerio Público de la Nación, con la finalidad de hostigar, amedrentar y perseguir a medios de comunicación críticos a la gestión, como también a dirigentes políticos opositores y toda persona que opine en forma anónima y/o personal en contra de su gobierno."

En el cuerpo del comunicado retroceden en el tiempo y recuerda que cuando fue creada la Fiscalía “Especializada” en Ciberdelitos, con el aval del Procurador, Pedro García Castiella, designaron como titular del organismo a Sofía Cornejo Solá.  Según el comunicado, Cornejo Solá "es prima del Coordinador Administrativo de la Gobernación (cargo con rango de ministro) Nicolás Demitrópulos, hombre fuerte de Sáenz, quién tiene en sus manos el manejo de la pauta oficial".

Según el análisis del partido respecto a la creación y actuación de "esta estructura Provincial ubicada en el Ministerio Público Fiscal de Salta, Parafederal, solo ha cometido graves delitos al arrogarse funciones que no posee y que simula ser auxiliar del servicio normal de Justicia". 

Continuando con su explicación e interpretación la Fiscalía Especializada de Ciberdelitos, "se ha pergeñado de modo siniestro y doloso, montando una estructura clandestina con viso de legalidad y legitimidad inexistente, para hacer persecución política, inteligencia interior, amedrentamiento de dirigentes, políticos, periodistas y ciudadanos en general, a través de la iniciación de causas penales carentes de fundamento fáctico y legal".

El comunicado cierra afirmando que "Este accionar parece constituirse en una clara asociación ilícita que sitúa a la Provincia de Salta en una evidente posición de Intervención Federal, porque implica haberse otorgado facultades extraordinarias legislativas de cuestiones nacionales, que demuestran la inexistencia del Servicio de Justicia en el Estado de Derecho, con una violación flagrante de la República y la Moral Republicana que debe imperar en todo acto de gobierno"