Cerrillos | Metalnor vs vecinos: la Justicia inclinada a favor de la empresa

La empresa Metalnor está poniendo en marcha el funcionamiento de una planta de fundición de metales ferrosos en Cerrillos que afectará a diferentes barrios de la zona. Los vecinos presentaron una Medida Cautelar para impedir que continúen las obras de construcción, la cual fue denegada por el Juez de la causa, Benjamín Pérez Ruiz. La abogada de los afectados, en desacuerdo con la decisión judicial, adelantó que apelará.

Milagros Avendaño, quien vive a metros del peligroso emprendimiento, comentó a El Tintero que afectará a la salud de un amplio espectro social: "los barrios Los Pinares I y II, Los Crespones, Los Paraísos, Las Tunas y la Isla, están muy expuestos", dijo. 

El proyecto, que abarca 10 hectáreas, prevé, según comentó, "emanar residuos sólidos urbanos, escoria, residuos peligrosos, emisiones de material particulado y gases de combustión, además de maquinaria que emite fuertes y constantes ruidos".

En ese sentido resaltó que "en el área de influencia directa, el 60% de las viviendas se encuentra habitada por personas con discapacidades diferentes, motoras, síndrome de Asperger, epilepsia, síndrome de Down, falta del desarrollo fisiológico normal esperado, retraso mental y ceguera. Se trata de personas hipersensibles al ruido, con incapacidad de movilizarse y riesgos más altos ante la contaminación industrial".

El procedimiento administrativo se llevó a cabo con múltiples irregularidades

Avendaño en una entrevista con nuestro sitio web contó que las obras iniciaron "sin autorización alguna ni Estudio de Impacto Ambiental y Social, ocultándose información ambiental, y a pesar de la oposición y denuncias de los vecinos de la zona".

Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia se advirtió “que el proyecto podría tener un impacto negativo sobre los componentes aire, suelo, fauna, cobertura vegetal, como también sobre la calidad de vida, riesgos de accidente, disminución del bienestar cotidiano y la generación de distintos residuos, entre otros impactos ambientales y sociales (…)”. Y que se “podría provocar un aumento de la escorrentía del lugar, sin contar con la gestión del escurrimiento superficial, efectos que podrían afectar a la población más cercana”.

No obstante, a fines de 2023, dos días antes del cambio de gestión municipal, con las obras prácticamente finalizadas, contó la vecino que "Metalnor consiguió el Certificado de Aptitud Ambiental, mediante una resolución repleta de vicios e irregularidades".

“De la noche a la mañana nos damos con que la intendenta, que en ese momento, era la señora Yolanda Vega había permitido que la empresa iniciara las obras. Con total engaño, porque primero dijeron que era un cerramiento simplemente para evitar posibles asentamientos o robos. Siempre ocultando la real intención arrancaron", indicó.  

La justicia inclinada a favor de Metalnor

Ante el recurso de amparo presentado por los vecinos que se oponen a la instalación de los hornos de fundición "el Juez evalúo el asunto como un si fuera un juicio civil, sin embargo, se trata de un proceso colectivo ambiental, en el que entran en juego otros principios precautorios, que de ser atendidos, llevarían a la concesión de la medida. Tampoco se ponderó la vulnerabilidad de los habitantes de la zona, las irregularidades del procedimiento administrativo, las consecuencias negativas ambientales y sociales que surgen del proyecto del proponente y las advertidas por la Administración, ni los evidentes vicios del Certificado de Aptitud Ambiental".

El Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación Benjamín Pérez Ruiz denegó la medida cautelar por el simple hecho de la aprobación del CAM. A su entender "lo que de ninguna manera hubiera obstado a la concesión de la precautoria, como sucede habitualmente en casos ambientales”.

Resaltó que apelarán la decisión y solicitará realización de audiencia pública. Mientras, la empresa de la familia Yobi continúa impunemente contaminando.