Por orden de la justicia, Gustavo Solís no podrá salir del país

El juez de Garantías, Mario Dilascio, le prohibió al intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís y a otros siete imputados a abandonar el país sin autorización por riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Los funcionarios están siendo investigados por fraude a la administración pública, falsificación de un instrumento público y asociación ilícita.

General31/12/2022Flavia PachecoFlavia Pacheco
DIARIO EL TINTERO

En el oficio además del Intendente y dirigente del Frente de Todos, Gustavo Solís, se ordena que Matías Iturre, Rubén Cardenas, José Luis Feres, Carolina Solís, Silvia Acosta, Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagran no salgan del país por posible fuga y entorpecimiento de la investigación.

De no cumplir con la orden, los implicados caerán en el delito de desobediencia judicial que implica la inmediata detención.

La causa contra Solís es por una obra de adoquinados el Barrio Ramón Abdala y fue denunciado por el entonces auditor de general de la provincia, Mariano San Millán, cuando advirtió irregularidades en contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 2017.

Paralelamente, los funcionarios municipales tienen otra causa abierta donde hubo una supuesta emisión de cheques del municipio para una persona registrada como proveedora y que luego fueron endosados y cobrados por un empleado municipal.

Por este hecho se allanó la Municipalidad y se detuvo provisoriamente a Carolina Solís Mónico, hermana del intendente y quien ejerce el cargo de secretaria de Hacienda.

El fiscal Nicolás Rodríguez aclaró que la detención cautelar de la secretaria de Hacienda obedeció a que constataron que estaba entorpeciendo de la investigación, direccionando, mediante mensajes por WhatsApp, a testigos que aún no habían declarado.

Además, Gustavo Solís y su gestión también es investigada por maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno. Incluso, el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió elevar esa causa a juicio.

 

 

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