Metán y Rosario de la Frontera rechazan el cobro de peajes de AUNOA y exigen obras

La puesta en marcha de la concesión vial a cargo de la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. (AUNOA), en el marco de la Red Federal de Concesiones, desató un fuerte conflicto político y social en el sur de la provincia de Salta. 

Los intendentes y funcionarios de la región manifestaron un rotundo rechazo al inicio del cobro de tarifas en estaciones clave como la de Cabeza de Buey —sobre el kilómetro 1.545 de la Ruta Nacional 9/34—, denunciando que la empresa comenzó a facturar sin haber ejecutado ninguna de las obras de reparación estructural que exigen los tramos críticos entre Metán y Yatasto.

El malestar escaló luego de que la prestataria incumpliera los plazos y promesas de gracia iniciales. Federico Delgado, subsecretario de Seguridad de Metán, sintetizó el repudio generalizado de los vecinos del sur provincial en declaraciones a Profesional FM: "Nosotros estamos molestos porque la empresa quiso cobrar apenas empezaron. Los metanenses y los rosarinos no vamos a pagar peaje hasta que se arregle la ruta correctamente", sentenció el funcionario, anticipando una declaración conjunta de los jefes comunales de la región para frenar el esquema tarifario.

En las estaciones de cobro, la transición tecnológica hacia el sistema TelePASE y los cobros electrónicos exhibió improvisaciones operativas. Con las cabinas aún en obra gris, el personal debió recurrir de forma provisoria a dispositivos posnet para la recaudación manual, evidenciando que la prioridad de la compañía estuvo puesta en la caja financiera y no en la seguridad de la calzada. Ante tarifas que podrían trepar hasta los $3.500 por pasada, los usuarios y autoridades locales remarcaron que el asfalto destruido y los baches representan un peligro constante.

"No se trata de rebelarse por rebelarse; si uno paga tiene que recibir el servicio como corresponde. No estamos dispuestos a financiar estos errores", advirtió Delgado, confirmando que las intendencias salteñas no permitirán el avance del peaje sobre una traza abandonada. El conflicto expone una vez más las recurrentes fallas de los esquemas de privatización vial, donde las corporaciones exigen rentabilidad inmediata a costa de los bolsillos de los automovilistas y del aislamiento productivo del norte argentino.